Los problemas sociales en Colombia empiezan por la mercantilización del sistema de salud, que según denuncian los vinculados al mismo hay un proceso de intermediación que afecta los pagos a los prestadores del servicio y porque, además, el gobierno es incapaz de controlar los precios de los medicamentos. También denuncian los altos niveles de corrupción y ponen como ejemplo la condena contra Carlos Palacino a 10 años de prisión por actos corruptos en SALUDCOOP. Señalan serias críticas a la Ley 100/93 porque “el problema de este modelo es que acrecienta la inequidad en salud, incrementa el gasto sin mejorar la calidad y se interesa muy poco en el bienestar y la satisfacción de los colombianos”, según lo expresado por Marcela Vélez, autora del libro “La salud en Colombia”. La misma profesional señala en entrevista al diario El Espectador (2016) que “los sistemas públicos con administración pública o sin ánimo de lucro de los recursos de la salud son mucho mejores para alcanzar los objetivos de equidad, calidad, universalidad y costo-efectividad del sistema. Lo que se ha observado con seguros privados o administración con ánimo de lucro es que se acrecientan los costos, se disminuye el acceso a la atención médica y se amplía la inequidad”. El sistema, entonces, hay que cambiarlo para reflejar en él mejores condiciones de eficiencia y solidaridad con los pacientes.
La otra dificultad, nunca solucionada, es la del empleo informal, pues las estadísticas, a veces artificiales que presenta el gobierno se basan en contratos temporales y en contratos de prestación de servicios en las entidades públicas que son vinculaciones precarias y que no satisfacen la permanencia del empleo, condiciones dignas y justas y remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la calidad y cantidad del trabajo.(Art. 53 Constitución). Para octubre de 2021 teníamos 11,26 millones de personas ocupadas. Pero a lo largo y ancho de la geografía el cuadro de informalidad es más dramático llegando a 65%, lo que se agrava con el trabajo de los menores de edad.
Y la alternativa para la educación ha sido acelerar un proceso de privatización que, según los expertos, ha convertido a la educación en instrumento para el desarrollo económico, para la rentabilidad, para la productividad, para la competitividad, olvidándose de formar personas y seres más humanos conscientes de su importancia dentro de la sociedad a la que pertenecen. Es la humanidad al servicio de las empresas y de la producción, pero alejadas de sus familias, del entorno y de la relaciones de amistad, hermandad y fraternidad con los demás. Si seguimos, entonces la recetas del capitalismo puro, nuestra vida será más parecida a la actividad de una máquina que a la de una persona con derechos y responsabilidades frente a la sociedad. Por eso un cambio hacia nuevos horizontes ideológicos es muy conveniente en los procesos electorales para dar más prevalencia al humanismo y menos al capitalismo delirante de los sectores industriales y comerciales del país. Una propuesta necesaria en estas materias es la del pacto histórico que se compromete a poner como slogan “primero la vida y los derechos” de todos, por encima de intereses particulares.
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