Es una falta de respeto y un atropello a la dignidad de las familias más pobres y vulnerables, tratarlos de mantenidos cuando ha sido el propio gobierno el que ha creado varios subsidios para ellos, con el fin de que no caigan en la extrema pobreza. El uso de lenguaje excluyente por parte de “los de arriba”, es decir, personas y familias bien, contra “los de abajo” no deja de ser indignante y ofensivo. Algunos de los programas creados por gobiernos de derecha, no para hacer crecer a las familias o a la persona humana sino para manipularla, dándoles cuando los apoyan y quitándoles cuando se van para otro partido, son entre otros: Familias en acción, Inclusión productiva, Ingreso solidario, Jóvenes en acción, Subsidios de vivienda (nueva o mejoras), Compensación IVA, Colombia mayor, Familias en su tierra, Apoyo hogares étnicos (IRAKA), Red de seguridad alimentaria, Mi negocio emprendimiento colectivo y donaciones en dinero.
La Corte Constitucional ha expresado que : “El Estado social de derecho se erige sobre los valores tradicionales de la libertad, la igualdad y la seguridad, pero su propósito principal es procurar las condiciones materiales generales para lograr su efectividad y la adecuada integración social. A la luz de esta finalidad, no puede reducirse el Estado social de derecho a mera instancia prodigadora de bienes y servicios materiales. Por esta vía, el excesivo asistencialismo, corre el riesgo de anular la libertad y el sano y necesario desarrollo personal.” Los apoyos a personas vulnerables deben tener objetivos concretos de política pública, para superar las crisis de las familias o de la sociedad. No deben darse sin fijar un tiempo específico para salir del estado de postración económica y, además, hacer parte de la función distributiva del Estado a través de los impuestos.
El Uribismo no debe olvidar que hay un exministro condenado por los delitos cometidos dentro del programa “Agro ingreso seguro”, subsidio con el que familias ricas y reinas de belleza se beneficiaron de recursos estatales de manera fraudulenta. Eso no debería ser posible si los requisitos para acceder al subsidio tiene reglas objetivas, claras y completas, ajenas a las facultades discrecionales de los gobiernos, que son usada para cometer fraude a la ley, prevaricar y abusar del derecho. Mantenidos los uribistas que han estado 20 años en el poder y gracias a sus palancas ya completaron el tiempo para jugosa jubilación. En los casos de subsidios, el Congreso debería incluir en el texto de la ley todos los requisitos para ser beneficiario y salir de un programa. Eso evita el uso politiquero del dinero del Estado, pisotear la dignidad de las familias o personas pobres y hacer uso indebido del erario. Toda política de este tipo debe incluir la advertencia de que tales ayudas son dineros públicos y, por ende, de carácter temporal. Por eso los cambios que se requieren necesita un gobierno como el que ofrece el Pacto Histórico, integrado por todos los actores (razas e ideologías) para saldar la deuda social que deja la derecha en Colombia.
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