La derecha colombiana representada por el candidato de los partidos tradicionales “Fico” Gutiérrez quiere que “todo cambie para que nada cambie”. Esto significa que el pueblo anhela un reemplazo de la clase política, pero ellos pretenden conservar todos los privilegios que han montado a base de leyes y disposiciones constitucionales que solamente benefician a los “de arriba” y que la Constitución de 1991 se quede escrita en material de molde. Pero la idea del pueblo no es esa. Si bien nadie quiere abolir todas las ramas del poder y órganos autónomos sí hay algunos que deben desaparecer, como la Procuraduría que debería ser sustituida por el control interno de la propia administración para que las medidas disciplinarias se tomen por el órgano que más conoce de los problemas propios como es el que dirige el superior jerárquico; igualmente las Contralorías deberían ser reemplazadas por tribunales de cuentas, con funciones específicas, pero con la capacidad de imponer sanciones y procurar mediante mecanismos expeditos la recuperación de los dineros públicos afectados.
En el caso de la fuerza pública procurar una reforma institucional que eduque para el logro de la paz, el respeto a los derechos humanos, pero con la existencia de cuerpos especializados para combatir el crimen interno y transnacional. Eso sí, eliminando el servicio militar obligatorio y estableciendo un servicio profesional de defensa. El enfoque de la fuerza pública debe ser prevenir y desmantelar las bandas criminales, para que no vuelvan a surgir en el territorio de la República. Sería necesario igualmente que las fuerzas del orden reconocieran las fallas que se presentan al interior y facilitar la expedición de medidas de limpieza moral y operativa, por ejemplo en el manejo de los multimillonarios recursos que invierten dotándose para la guerra. Hay que eliminar el control político de la fuerza por parte del Congreso y fortalecer la investigación de los tribunales militares y de su propia justicia, salvo en los casos de delitos de lesa humanidad, derecho internacional de los derechos humanos y derecho humanitario. Este punto hay que dejarlo a la justicia ordinaria para garantizar que haya independencia en la investigación, el juzgamiento y el castigo.
Por último, debe hacerse una reforma con la intervención directa del pueblo, en aquellos puntos donde la Corte Constitucional ha dicho que solamente el constituyente primario debe intervenir, para modificar la líneas rojas que la propia jurisprudencia ha determinado, pues 30 años de vigencia de una Constitución ameritan un análisis juicioso de las normas que deben regir las vidas de esta generación y preparar la estructura gubernamental para que la siguiente reciba un país en mejores condiciones que las que tenemos hoy. No hay que temer a las reformas si revisado el funcionamiento de las ramas del poder y de los órganos autónomos, o de la organización regional, se encuentran fallas que haya necesidad de corregir. La CEPAL ha expuesto en sus documentos: “Cada sociedad tiene su propia modernidad. Los diferentes modelos de modernidad son siempre una combinación problemática entre la racionalidad científica-tecnológica, la dimensión expresiva y subjetiva (afectos, emociones, pulsiones), las identidades y la memoria histórica colectiva. (Políticas Sociales No 56). Avancemos, no nos detengamos, ni retrocedamos. El cambio en primera.
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