La derecha colombiana está preocupada porque van a perder las elecciones a la Presidencia de la República, manejada por sus partidarios desde los comienzos de la República. Además de la Presidencia perderían Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Gerencias nacionales y 6000 cargos más de alto nivel, que han manejado como haciendas propias, repartiendo presupuestos, subsidios, empleos y contratos. En realidad lo que ellos llaman institucionalidad o instituciones son fincas o parcelas de su dominio, que creen merecer porque obtuvieron los votos necesarios para salir elegidos representantes o senadores. La derecha no defiende instituciones o estructuras organizacionales sino sus privilegios personales, los instrumentos a través de los cuales manipulan el poder, el dinero y las empresas de los demás. Con amenazas, presiones indebidas, celebración de contratos irregulares, abusos de poder y tráfico de influencias, o con violación de los mecanismos de participación democrática, se hacen reelegir para seguir usufructuando el poder de las instituciones públicas y de las empresas particulares. ¿Es esa la democracia y la institucionalidad que ellos quieren?
Pero poco les importa el respeto por la Constitución Política de Colombia que es la carta de navegación de todos, tanto de los servidores públicos como de los ciudadanos del común. El título primero de la Carta les precisa los principios, resaltando la supremacía normativa de la Constitución, la importancia de los derechos de la persona y el principio de responsabilidad jurídica de particulares y servidores públicos. Además, el artículo 122 detalla las condiciones de la función pública, cuyas tareas son regladas y el juramento que deben prestar para entrar a ejercer el cargo; y, en los siguientes artículos, los alerta sobre la prohibición de nepotismo, incompatibilidades y prohibición de intervenir en las controversias políticas. Luego el artículo 209 precisa los principios de la función pública, entre ellos los de moralidad e imparcialidad. Pero para la derecha todo este ramillete de disposiciones son “carreta”, pues la institucionalidad para ellos es “el poder por el poder”, lo que les da derecho a imponerse sobre las mayorías, y tomar decisiones contra las leyes y contra “natura”.
Para las mayorías silenciosas la institucionalidad es otra cosa: es el Estado Social de Derecho cuya finalidad es que el presupuesto y el gasto público se orienten a satisfacer las necesidades urgentes de la población, que los impuestos no graven excesivamente a los más vulnerables porque esas decisiones contribuyen a empujar a los estratos bajos hacia la pobreza y a los pobres hacia la indigencia, en tanto “les hace más gravosa o, en casos extremos, les imposibilita alcanzar lo mínimo requerido para llevar una vida digna”, y por otra parte, cuando dichas leyes no están acompañadas de medidas adicionales, particularmente de gasto, dirigidas a compensar las desventajas creadas. Los pobres en Colombia han llegado a 21 millones, la informalidad laboral está en el 65% en todo el país, para lo cual basta certificar que solamente el 5% de la población total está en estratos 5 y 6. Ese es el panorama de la institucionalidad que defiende la derecha colombiana, con la inflación más alta en los últimos 21 años, con un gran riesgo fiscal por los beneficios tributarios otorgados a las clases más poderosas y a ciertas empresas, con un deuda pública total del 50% del PIB, es decir, US$172.790 millones al cierre de febrero 2022 y, además con el panorama desolador pintado por Fitch Ratings que anuncia que el grado de inversión en Colombia solamente se recuperará en 7 años. Todo esto se lo dejarán al nuevo gobierno para decir que la izquierda es un fracaso.
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