Si hay un cambio en la ideología del gobierno que se instalará en Agosto como la mayoría de los colombianos esperamos, éste recibirá una herencia que según la OCDE “corresponderá al nivel más alto de pobreza y desigualdad de América Latina”. Por otra parte la organización internacional señala que “pese a los montos recaudados a nivel tributario, “la corrupción reduce la eficiencia del gasto público”, trayendo como consecuencia que se abra más la brecha de la desigualdad”. No será halagüeño el panorama para la administración entrante, porque una de las primeras medidas que debe tomarse según el líder del Pacto Histórico será declarar la emergencia económica y social para arreglar algunos de los problemas de fondo que afectan a las clases vulnerables.
Uno de los requisitos es “que en el decreto de declaratoria estén enunciados pormenorizadamente los hechos, la gravedad y el impacto en el orden económico, social y ecológico, así como la insuficiencia de las facultades gubernamentales ordinarias y la necesidad de las medidas extraordinarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos.” La jurisprudencia ha establecido que los elementos que debe analizar la Corte en este juicio son el de la gravedad, inminencia, intensidad e importancia de los hechos y si la declaratoria por parte del gobierno no tuvo una motivación errónea o arbitraria, subrayándose que la gravedad de la perturbación puede ser actual o potencial, es decir, que la perturbación puede ser un hecho consumado o pueden ser aquellos hechos causales que aún no constituyen perturbación, sino amenaza inminente de ésta.
Nadie puede negar que la informalidad laboral está en niveles del 66% y que la pobreza afecta a más de 21 millones de personas. Esa situación acarrea graves efectos en la paz social y genera que los descendientes de los pobres mantendrán esa situación de pobreza por varias generaciones. El plan de choque debe tender a evitar que haya barreras de crecimiento para que los más vulnerables accedan a niveles superiores de vida. En este punto antes de instalarse el nuevo gobierno sería importante constituir un grupo de estudio académico con intervención de especialistas en tales materias representantes de las mejores universidades del país, para evitar que la derecha afirme que se trata de desestabilizar la economía y llevar al país a la bancarrota. Las medidas que se tomen deben seguir exactamente el libreto señalado por los expertos para contrarrestar el ataque mediático de quienes serían en ese momento la oposición. Los antecedentes jurisprudenciales permiten tomar decisiones acertadas, oportunas y sometidas al orden jurídico que es lo más importante al iniciar un nuevo gobierno.
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