El Fiscal General también se pronunció sobre la tesis del perdón social que, no siendo una institución en Colombia sino una propuesta del candidato del Pacto Histórico puede ser introducida en las normas jurídicas mediante el calificativo de amnistía o indulto. Trata el alto funcionario de sugerir un cambio de fondo en la Constitución si se concreta la idea y habla de romper el Estado de derecho. Pero no recuerda el Fiscal que hace 31 años se expidió la Constitución que cambió la Carta centenaria de 1886, cuya principal figura fue la orquestación constante del estado de sitio para calmar cuanta protesta social y problema nacía en el país. Ahora bien, más de 50 reformas se le han hecho al novedoso Estatuto de 1991, la misma que se rompió con el “articulito” que introdujo la reelección presidencial, por la voluntad de un solo hombre que pretendía perpetuarse en el poder para eliminar a las Farc. No logrando ni arreglar los problemas nacionales ni eliminar al principal actor revolucionario de la época, que hoy tiene senadores y representantes en el Congreso como producto de los acuerdos de paz.
El equilibrio de poderes se hizo trizas con ese cambio introducido a la Carta comprando algunos votos de congresistas que fueron condenados y desde ese momento hemos vivido en medio de la zozobra de las interpretaciones amañadas, pues se incluyeron participaciones políticas a las cortes en la elección de servidores públicos, el Congreso dejó de legislar para designar magistrados y obtener favores judiciales, y los Presidentes iniciaron una desaforada lucha por cooptar la Registraduría, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría y cuanto cargo importante había disponible para blindar y cubrir a sus amigos de la derecha gobernante durante más de 2 centurias. Los mismos con las mismas. Y esa debacle lo pagaron las altas Cortes afirmando en decisiones diferentes que, por ejemplo, el periodo del Fiscal es personal y no institucional, cuando la Constitución expresa en el artículo 125 (Acto Legislativo, 01 de 2003 art. 6º) que los periodos que se establecen en la Constitución o en la ley son institucionales. Es decir, legislación y jurisprudencia al servicio del poder.
Hoy toda la derecha se rasga las vestiduras, porque un candidato de izquierda, como nunca antes en la historia de la República, puede ser Presidente de Colombia y quitarles puestos y privilegios contractuales que han ostentado sin mayor mérito. La prueba está en los altos niveles de desempleo, hambre, afectación de los servicios de salud, educación, seguridad social y niveles de inflación, derroche del erario y corrupción, como no se vieron en el país. La causa de todo lo que pasa, incluso el cambio de filiación política de muchos colombianos que fungen como defensores de derechos humanos o de izquierda como los tilda la derecha, está en los malos gobernantes que hemos tenido en estas tres décadas, con promesas incumplidas y consecuencia sociales y económicas desastrosas. Hoy si, cuando el barco se les está hundiendo y el edificio está en llamas, prometen los cambios que no hicieron en los últimos 32 años en el poder.
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