Colombia no ha podido hacer las transformaciones institucionales, porque la derecha no deja. Todo es producto del control que ellos tienen sobre los poderes del Estado. Eso les da fuerza y permanencia, mientras la mayoría de los colombianos exigen salud, educación y trabajo. Es decir, modificaciones al régimen vigente que privilegia el costo de la salud y los negocios por encima de la vida de todos; apertura de la educación universal, desde la primaria hasta la Universidad con las mismas garantías que tiene el sector privado; y empleo estable, seguro y duradero. No vinculaciones precarias e inestables. Algunos de esos cambios para acabar con los privilegios estatales serían, entre otros:
1.- Quitar las facultades nominadoras y electorales al Presidente de la República, el Congreso y las altas cortes para reestablecer el equilibrio de poderes. Procurador General, Contralor, Registrador Nacional y Defensor del Pueblo se escogerán por concurso de méritos. Todo con base en exámenes escritos y entrevistas públicas donde los jurados den valor a las respuestas acertadas de los participantes. 2.- Eliminar las invitaciones públicas y quitar la facultad discrecional para escogencia de funcionarios de todos los niveles, salvo algunos integrantes de los equipos de gobierno que serían de libre nombramiento y remoción. Terminar todos los procesos con la designación de quien ocupe el primer puesto en concursos de carrera y cuando haya varios candidatos con posibilidad de ser escogidos en igualdad de condiciones mediante un sorteo entre ellos, vigilado por un grupo de expertos independientes.
3.-Suprimir la comisión de investigación y acusación de la Cámara de Representantes y establecer que todos los servidores públicos con rango de Alcaldes de Capitales de Departamento, Gobernadores, Ministros, Directores de Departamento Administrativo, Gerentes de Entidades Nacionales, sean juzgados por la Corte Suprema a través de salas especializadas. La Corte También juzgaría a Senadores y Representantes a la Cámara, Fiscal General, Registrador Nacional, Contralor, Procurador y Defensor del Pueblo. que no podrán renunciar a su fuero para cambiar de juez. 4.-Establecer un régimen de inhabilidades e incompatibilidades más estricto que abarque amistades íntimas, contratistas de negocios privados con los candidatos a elección o nombramientos, familiares ampliando los parientes por consanguinidad y afinidad. Igualmente permitir el levantamiento del velo corporativo para conocer los verdaderos beneficiarios de los negocios con el Estado de manera directa o indirecta.
5.-Dictar un reglamento para el uso de bienes oficiales, aumentando las prohibiciones sobre utilización de vehículos, aeronaves, barcos y demás bienes oficiales, que no podrán ser utilizados sino por los funcionarios con funciones legales o reglamentarias y para el cumplimiento exclusivo de sus deberes. El uso indebido será sancionado con destitución, sin perjuicio de las sanciones penales. 6.- Eliminar la Contratación directa y señalar de manera excepcional para este efecto dos o tres causales específicas en casos de emergencia social, desastres, o calamidad pública. Además restablecer la posibilidad legal de que cualquier persona pueda demandar los contratos por causas de nulidad absoluta y en cualquier tiempo antes o después de su terminación y liquidación.
7.- Imposibilidad de cambiar las reglas electorales 2 años antes de la celebración de unas votaciones. 8.- Los bienes decomisados a los delincuentes deben ser administrados por una entidad autónoma que dependa directamente del Presidente de la República y los recursos obtenidos deben destinarse para atender las necesidades de los niños y los ancianos. El Presidente y la persona a quien este designe para el cumplimiento de tal función responderán por acción u omisión en casos de culpa grave o dolo.
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