Nunca como hoy las mujeres tienen el poder en Colombia. El Censo electoral 2022 las pone por encima del caudal de votantes masculinos. Más de 20 millones son votos que depositan las mujeres, si todas van a las urnas. Si contamos las comunidades LGBTI+ la mayoría sería aplastante. Las quejas contra el machismo se resuelve en una sociedad democrática donde los votos de cada persona cuentan. En este sentido todos somos iguales y nadie puede frenar la votación de género a menos que el voto se venda. Si todos estamos por la defensa de los derechos y las libertades, es hora del cambio total en el territorio.
La Corte Constitucional ha definido los derechos políticos como instrumentos ciudadanos para incidir en la estructura y el proceso político facilitando la consolidación de una democracia participativa. De esta manera, el ciudadano tiene derecho no solo a conformar el poder (democracia representativa), sino también a ejercerlo y controlarlo, esto es, está llamado a hacer parte de la toma de decisiones en asuntos públicos (democracia participativa), indispensable para la efectividad de la democracia constitucional.
El primer derecho que debemos defender es la paz, porque ella nos garantiza la vida y las demás garantías y libertades. La paz es un elemento fundamental de la Carta Política, que encuentra justificación en: (a) los motivos que impulsaron la adopción de la Constitución, (b) la condición de presupuesto para el ejercicio de los derechos, (c) la consagración como valor, derecho y deber constitucional, además de fin esencial del Estado. La paz, afirmó la Corte, constituye un reconocimiento de la condición ética del ser humano conforme a la cual una sociedad solo puede subsistir si sus miembros se obligan entre sí a respetar los derechos humanos. Estos forman una unidad, pues son interdependientes, integrales y universales, de suerte que no es admisible que se desconozcan unos derechos so pretexto de salvaguardar otros.
La Corte ha explicado que la Constitución acoge la fórmula del Estado social de derecho, la cual implica que las autoridades buscan no sólo garantizar a la persona esferas libres de interferencia ajena, sino que es su deber también asegurarles condiciones materiales mínimas de existencia, por lo cual el Estado debe realizar progresivamente los llamados derechos económicos, sociales y culturales. El Congreso se ha negado a expedir todas las leyes que desarrollan los derechos consagrados en la Constitución de 1991. Por eso necesitamos un Congreso más afín a los intereses populares y menos a los de las clases capitalistas del país.
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