Esta dependencia es el instrumento de la confianza general sobre el desarrollo de unas elecciones. Pero hoy parece que no está en las manos más adecuadas, después del tortuoso proceso mediante el cual se escogió al Registrador Nacional del Estado Civil. Se critica, por ejemplo, la cantidad de contratos que se vienen adjudicando por millonarias cuantías dentro de esa dependencia, sometiéndola a contratación abreviada o directa y no a licitaciones públicas, cuando el objeto de esas contrataciones se usa para eventos que tienen fechas determinadas y fijas, lo cual permite una planeación ordenada, para que participe el mayor número de oferentes. No, los contratos se los vienen adjudicando a los mismos grandes contratistas, con excusas leoninas como la seguridad nacional para evitar la transparencia. No se pudo hacer ese cambio, a pesar de que los 3 presidentes de las Cortes tenían 10 opciones para escoger, ellos prefirieron a quien tenía la peor hoja de vida y la menor experiencia en contratación pública y gestión administrativa.
Ni los gobiernistas ni la oposición tiene confianza en los actos del Registrador, en la medida que sus propias palabras lo condenan. Pues frente a reclamos por falta de garantías respondió “quien crea que no las tiene que no se presente al proceso electoral”. Esos términos no son precisamente de una persona humilde ante las críticas sino de una persona soberbia. En otras declaraciones ya había dicho que en Colombia no éramos 50 millones de habitantes, sino 55, lo que dejó otro manto de duda sobre cuántas personas vamos a votar o si ese margen de error sirve para el fraude electoral que los propios políticos temen.
Quienes participamos en el proceso para escoger Registrador y quedamos entre los 10 mejores, dudamos de las competencias laborales del actual regente de las elecciones y, además, de sus verdaderos conocimientos en estas materias. Sus primeras acciones fueron remover a todo funcionario que pudo para satisfacer cuotas políticas, lo cual dejó tranquilos a ciertos caciques regionales. No hemos podido entender por qué si la Constitución dice que la acción de nulidad electoral se decidirá en un año y los casos de única instancia en seis meses, llevamos dos años de trámite para decidir la demanda contra la elección del Registrador y no ha salido aún la sentencia.
Por eso las invitaciones y los concursos son un “canto a la bandera”, pues lo que deben hacer los vigilantes de esos procedimientos es escoger un número determinado de personas de acuerdo con reglas previamente establecidas y después culminar con un sorteo entre quienes han igualado los requisitos de mérito para acceder al cargo. Pero esas elecciones no pueden quedar bajo el criterio de las facultades discrecionales, pues las mismas se prestan para abusos, desviación y poder y burla a la inteligencia de los demás participantes, que saben que allí se mueven intereses misteriosos e inexplicables que los jueces no descubren a tiempo.
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