Mientras el Presidente Duque afirma que hay garantías electorales, la clase política de todos los sectores afirma lo contrario. Mirar las cajas con material electoral no es garantía de nada. Por el contrario, desde la elección del Registrador todos sabemos que fue escogido por ser amigo de los que tienen hoy el poder y haberles ayudado, por ejemplo, en el caso de la investigación por aportes de Odebrecht en las campañas anteriores, cuando ejercía funciones de integrante del Consejo Nacional Electoral, es prueba de su parcialidad politiquera. Y ahora anda repitiendo el mismo discurso del gobierno, afirmando que quienes van a dañar las elecciones son actores externos de Rusia y Venezuela, como si aquí no tuviéramos factores internos como la compra de votos que nos afectan de manera directa. Ejemplos recientes con pruebas judiciales: el fraude contra el Partido Mira y el escándalo del caso Merlano.
Lo que faltan son precisamente garantías, pues el fraude más grande se organiza desde el momento en que el Registrador escoge jurados de votación, lo cual le permite integrar jurados homogéneos, es decir, mesas donde todos los jurados son del mismo partido o movimiento o amigos de un candidato específico. Eso ya se ha demostrado en otras elecciones y hay fallos en ese sentido. La falta de póliza o anticipos para algunos candidatos de oposición o de quienes aspiran a curules de paz es otra muestra de que no existen las garantías de que habla el gobierno. Y así andan los servidores públicos violando garantías que, antes de empezar a regir la ley que las protegía, adjudicaron 650.000 contratos, lo que ha causado una alerta del Contralor General. Además, han adjudicado contratos con base en la modificación irregular que hizo el Congreso a la Ley de garantías electorales, con propuesta del gobierno, en el Presupuesto General de la Nación.
Hay alcaldes que no permiten reuniones de los opositores, tampoco protegen a los candidatos que no sean de su partido o amigos de su propia coalición local. Las organizaciones sociales han alertado sobre conatos de violencia contra determinados candidatos en zonas del Cauca, del Valle, y de otros Departamentos de la periferia nacional. La MOE ha expresado preocupación por 319 municipios en riesgo de fraude en elecciones o de actos violentos que afectan las elecciones. La Defensoría suspendió las comisiones de servicio para elecciones lo que implica ausencia de los delegados de esa autoridad defensora de los derechos del pueblo. Mucha risa dan las garantías ofrecidas por este gobierno que es juez y parte y que nunca ha dado muestras de cumplir el artículo 188 de la Constitución Nacional que le ordena ser “símbolo de la unidad nacional” y garante de “los derechos y libertades de todos los colombianos”.
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