Hace 4 años por esta misma época el actual Presidente andaba buscando votos por todo el país. Aliado con la Vicepresidenta manejaban la campaña con un programa que a muchos nos pareció digno de un país civilizado. Pero el balance al final de la gestión es malísimo para la economía y para el mejoramiento de las condiciones sociales de todo el pueblo colombiano. Hoy y hasta el 7 de agosto de 2022 nos inundarán de publicidad en todos los medios diciendo que este mandato fue histórico para la patria. Pero en las regiones de Colombia, tanto en sectores rurales como urbanos se siente el impacto del fracaso. Y no pueden alegar que fue por causa de la pandemia, pues en este gobierno priorizaron la economía a la vida y salud de todos, con decisiones titubeantes, como si se tratara de la primera pandemia que vive la humanidad, y no hubiera experiencia para afrontar ese reto.
Al hacer el estudio de las 203 propuestas del programa de Iván Duque y Marta Lucía Ramírez encontramos que, de ellas, apenas algunas pasaron la prueba de fuego del tiempo y de la gestión enrevesada de este cuatrienio. De las primeras 20 promesas incumplió de la 1 a la 9 totalmente. La 10 la cumplió parcialmente con la expedición de la ley del veterano y la independencia de la justicia penal militar. Las promesas 11 y 12 fallidas. La 13, se cumplió parcialmente con ajustes a los salarios de la rama no por voluntad del gobierno sino obligados por el mandato de sentencias expedidas previamente por el Consejo de Estado, como lo anotó ASONAL judicial. Las críticas a la reforma de la justicia provinieron de la propia rama, salvo el silencio de las altas Cortes. Pero no se mejoró el acceso al servicio, ni se establecieron mecanismos para ingresar talento inteligente o mejorar la transparencia en la justicia. La promesa 15, tampoco se cumplió integralmente pues seguimos en un ambiente de inseguridad jurídica y desconfianza en el sistema judicial, tanto que se ha aumentado la solución de los conflictos por mano propia.
En relación con la promesa 16 se expidieron normas con modificaciones a los mecanismos alternativos para la solución de conflictos pero no hubo acciones concretas para que se avanzara en decisiones rápidas y oportunas que es lo que la gente quiere. El tema de los jueces agrarios está en veremos y las soluciones a los conflictos de tierras no se ven por los torpedos que lanzan los latifundistas que no quieren que los campesinos usen las áreas productivas en la siembra de productos de pan coger, sino que anhelan seguir con la ganadería extensiva. En relación con el cumplimiento de sentencias seguimos teniendo en los juzgados y tribunales procesos ejecutivos de 5 a 10 años porque todo se enreda por la tramitología secretarial.
Finalmente las promesas 17,18,19 y 20 no se cumplieron, por las siguientes razones: no se reforzó la acción de tutela, por el contrario, en el nuevo decreto de competencias lo que hacen es proteger los actos del Presidente y trasladarlos al Consejo de Estado, con lo cual, por ejemplo, se enredó la tutela que había fallado favorablemente un juez administrativo suspendiendo los cambios a la ley de garantías, y hasta el momento nadie sabe qué paso con esa acción. El gobierno se ha preocupado solamente por criticar las decisiones que se toman contra el Estado. Tampoco se ha visto la lucha contra la impunidad, porque con las estadísticas de la Fiscalía tenemos la evidencia de que por cada 10.000 casos por corrupción en dos años fallaron menos del 20%. Por eso la percepción de inseguridad en Colombia es alta, en cabeceras municipales de 48.8% y en sectores rurales de 26.6%. No tenemos todavía sistemas unificados de información con datos abiertos, ni de fácil acceso. Tampoco se hizo énfasis en el desarrollo de la justicia con enfoque de género. Entonces, ¿de qué podemos sentirnos orgullosos y complacidos de este gobierno?
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