El expresidente jefe del Centro Democrático viene impulsando una serie de propuestas que los colombianos consideramos tardías, en la medida que tuvo mucho tiempo para expresarlas y cumplirlas como Presidente y como Senador y todavía está buscando tiempo para discutirlas. La exposición hace parte de la campaña de renovación que pretende un partido que deja el poder con índices de desfavorabilidad en los más altos porcentajes de rechazo por parte de los electores, pues su candidato marca 4% en las encuestas y el Presidente Duque registra un 85% de opiniones de que “las cosas en su gobierno están empeorando”. La herencia del Gobierno Duque será la nueva etapa de violencia que está desatada en Colombia por su terquedad a cumplir los acuerdos de paz y ocupar con obras y con la fuerza pública los territorios dejados por las Far-Ep. El ambiente de desorden institucional que se evidencia por la falta de autoridad y conocimiento de la realidad nacional no permite que los votantes den el aplauso al gobierno que se está despidiendo, primero en el exterior y luego en el propio territorio. El desprestigio es tal que hasta regalan pasaportes diplomáticos a exfuncionarios.
Además de muchas promesas para los pobres, dice el expresidente que se debe continuar con la fumigación con glifosato, en contravía de lo dispuesto por la Corte Constitucional que ha recomendado consulta con las comunidades a fin de evitar nuevos derramamientos de sangre. La erradicación debe transitar el camino de los acuerdos de paz y no los senderos trillados de la guerra. Clama igualmente el expresidente por reducir el tamaño del Congreso y del Gobierno, cuando es este último mandato (todo suyo) la nómina ha crecido de manera exponencial, para proteger las políticas gubernamentales con los apoyos espurios del Congreso, acostumbrado a conseguir votos a cambio de puestos. Y, además, reitera sus tesis de crecimiento económico, combatiendo también el gota a gota en que caen los pequeños comerciantes todos los días.
No se refiere para nada a la corrupción que, si se castiga y elimina de las prácticas políticas, el fisco ahorraría por los menos $50 billones adicionales para inversión. Tampoco menciona la disminución de los altos costos de la guerra, área en la que su partido se mueve como pez en el agua, contaminando a la fuerza pública de violaciones a los derechos humanos por causa de instrucciones equivocadas a los altos mandos del Ejército y de la Policía. Un cambio de gobierno, en el que manden los movimientos alternativos, podría acarrear para muchos dirigentes públicos y privados un severo castigo, por la cantidad de muertos y desaparecidos a causa de acciones ilegales que generan responsabilidad extracontractual del Estado. A ese gobierno sí le tienen miedo los sectores reaccionarios que manejan hoy la contratación y los altos cargos estatales.
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