En el arte de la guerra hay muchas enseñanzas sobre la forma como se organizaban los ejércitos, se mantenían en tiempos de paz y se comportaban en la guerra. Entre las reglas respetadas por los adversarios estaba esta: “un príncipe justo no se rebaja a engañar o aprovecharse deslealmente de su adversario” (la guerra en tiempos de Sun Tzu-Edit. Panamericana-1999. Pág. 59). Filósofos y reyes distinguían entre guerras justas e injustas (Pág. 61). Pero la guerra cambia, y hoy somos igual de asesinos que los enemigos a quienes enfrentamos. No valoramos la vida humana. Pero, en últimas, todos los ejércitos se organizan para defendernos los unos de los otros. La sociedad humana vive en eterna carnicería. Eso no significa que los integrantes de esas fuerzas de seguridad deban pasar por encima de las leyes. Por eso los códigos militares contienen reglas de comportamiento y normas para la investigación y el juzgamiento.
Es necesario, entonces, que esas disposiciones que regulan las conductas de quienes integran la fuerza pública, respeten a quienes no son combatientes o están desarmados, o son terceros que pueden resultar afectados por daños colaterales. Las violación de los códigos de conducta o comportamiento deben llevar necesariamente a cambios de fondo en ese tipo de cuerpos armados, por estar en ellos sustentadas las bases de la estabilidad de los países. No puede permitirse, por tanto, la Impunidad por las graves violaciones a los derechos de los miembros de grupos políticos de oposición a los gobiernos de turno y, en todos los casos de responsabilidad, el Estado tiene el deber de resaltar la importancia de los procedimientos de reparación, además del resarcimiento individual, que debe trascender a transformaciones del sistema político.
Son muchas las conductas sobre las cuales los colombianos miran a su fuerza pública pues se han visto involucrados en escuchas ilegales, contratación irregular e ilegal, posibles crímenes de guerra en connivencia con paramilitares, ejecuciones extrajudiciales, desvío de dineros destinados a la inteligencia para uso en actividades personales o diferentes del servicio, asociaciones con peligrosos criminales a quienes incluso les han entregado salvoconductos para armas vendidas por canales regulares, conformación de empresas para apoyar o auxiliar el tráfico de cocaína, participación en delitos de acoso y abuso sexual, coparticipación en secuestros y hurtos, apropiación de estupefacientes y dinero incautado a los delincuentes. Todas estas actuaciones están documentadas por la justicia.
No es pues poco lo que debe revisarse y sacar esas “manzanas podridas” que afectan el buen nombre de las instituciones castrenses. Para ello debe mantenerse un sistemático proceso de educación en derechos humanos y respeto por la vida, honra y bienes de todos, que es lo que se les ha encargado de cuidar y proteger. Sabiendo que no se puede prescindir totalmente de la fuerza pública y que su necesidad es apremiante en casi todos los escenarios sociales, su honorabilidad debe ser preservada con disciplina, fortaleza y buen juicio.
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