Los electores suelen cambiar de posición política a pesar de sus preferencias por un partido u otro. No hay mucha lealtad de los votantes hacia esas estructuras, que a veces escogen candidatos pésimos y otras veces a malos candidatos. Eso ocurre cuando las frustraciones que deja el gobierno que termina o la serie de ellos que han fracasado, sin que logren conquistar un rumbo de crecimiento, pleno empleo y garantías para todos. Hoy los vientos del accionar de los grupos alternativos están soplando hacia un cambio de rumbo y tienen como objetivo derrumbar la clase política dominante, que aliada con algunos financistas se han convertido en seudo empresarios.
Si miramos la forma como han evolucionado los negocios del Estado encontramos que las administraciones entregaron a manos de particulares los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, teléfonos, y hasta las tecnologías de la información, con el argumento de que el Estado es un mal administrador. También reasignaron las tareas del alumbrado público a personajes especializados en crear empresas con el dinero de los contribuyentes. El gas es otro negocio multimillonario, que ha enriquecido empresas con las revisiones técnicas obligatorias. Para avanzar en infraestructura dejaron de gastar los impuestos recaudados y trajeron empresas para invertir en nuevas carreteras pero con los peajes más costosos de América Latina, agravada la situación con que nadie vigila esas inversiones y que las carreteras se entregan a medias, o de mala calidad, sin servicios sanitarios ni áreas adecuadas de descanso para los conductores y viajantes. El único tramo de seis y más carriles es el de acceso y salida de las casetas de cobro de esas millonarias sumas de dinero que luego apuntalan actividades en otras inversiones más rentables.
El tren lo desaparecieron para importar tractocamiones que hoy destruyen las vías y no cumplen los compromisos contraídos para mover la carga desde el centro hasta los puertos y desde estos hasta las grandes ciudades. Además son causantes de graves accidentes donde casi siempre pierden la vida personas inocentes o quedan lisiadas por toda su vida. Los puertos corrieron la misma suerte porque fueron entregados a ciertas familias poderosas que hoy se divierten gastando el dinero que les entra a sus bolsillos y no al tesoro público. Y no es que uno diga que en Colombia todos los empresarios son ricos por ser apéndices del Estado, hay algunos que crean riqueza con más inteligencia y no a base de triquiñuelas y poder político.
Un gobierno serio revisaría todos los privilegios que ha otorgado para que los excedentes sean devueltos al Estado, si sobrepasan el equilibrio financiero pactado en el contrato. Esos sobrantes en dinero son del pueblo y a él deben regresar para aplicar el principio de solidaridad de manera responsable. Parafiscales y concesiones tienen que ser fuente de recursos estatales y no instrumento de fondeo de riqueza privada. Pero eso solamente se logra votando por un Congreso y gobierno diferente al que ha ostentado el poder en dos centurias pues de los contrario seguiremos aplicando el dicho de “los mismos con las mismas” y el pueblo subyugado.
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