Las palabras de Pilatos para ratificar su INRI quedaron para la posteridad. Por eso todos los vencedores quieren que la historia se conozca como ellos la escriben. Pero el tiempo, que es un verdugo implacable, resucita los recuerdos y pone a cada cual en el paredón: lo escrito, escrito está. La Corte constitucional que es el máximo referente de nuestra legalidad ha declarado mediante decisión mayoritaria “un estado de cosas inconstitucional” en el punto referente a la seguridad de los excombatientes. Hecho muy grave si lo complementamos con las observaciones de Naciones Unidas que reclaman también más eficacia en el cumplimiento de lo convenido y el respeto a los países garantes. “Los avances en el proceso de reincorporación y en los PDET deben ir acompañados de una implementación más vigorosa de otras partes del Acuerdo, en particular las orientadas a mejorar la seguridad en los territorios, requisito necesario para que se arraigue una paz firme y duradera”, dice el Secretario General en nota de prensa del 7/01/21.
La Alta Corporación Jurídica ha expresado que “existe un acuerdo en el derecho constitucional colombiano acerca de que la consecución de la paz es uno de los fines esenciales de la Carta Política. Es por esta razón que la paz es un aspecto estructural del modelo constitucional, el cual le confiere las condiciones de derecho, deber y valor fundante del Estado”. Por consiguiente, “el objetivo del plebiscito especial no era someter a Refrendación Popular el contenido y alcance del derecho a la paz, sino solamente auscultar la voluntad del electorado”. En efecto, hacer la paz o la guerra tiene unas barreras en la competencia del Presidente de la República. Por eso le corresponde “conservar el orden público y restablecerlo donde fuere turbado” (Art. 189, No 4 Constitución Colombiana). No obstante esas atribuciones, el Presidente no puede desconocer que después de firmados los acuerdos de paz fueron incorporados a texto normativos de la Carta Política y, por tanto, se hicieron obligatorios los contenidos para él, para la fuerza pública, para todos los colombianos y residentes en nuestro territorio.
Solamente quienes se lucran de la confrontación, política y económicamente, pueden sentir que es mejor la guerra que la paz. Pero todos sabemos que los pueblos que disfrutan de la solidaridad y la fraternidad son más amables y apetecidos por el turismo nacional e internacional que donde hay enfrentamientos. Las próximas elecciones sí van a ser un verdadero plebiscito por la paz, pues no podemos continuar en manos de líderes que desean ver al pueblo desplazándose de los campos a las ciudades a buscar protección. Tampoco se puede ejercer el poder de las armas oficiales para que la fuerza pública no cumpla sus deberes de ser partícipes de la paz, como lo fueron de la guerra. Ahora ¿qué dirá el Presidente Duque de la posición de la Corte Constitucional?
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