El artículo 209 Constitucional da unos parámetros de ética pública, señalando los principios de la función administrativa. En primer lugar recuerda que los servidores públicos en cumplimiento de sus deberes funcionales están al servicio de los intereses generales y que en su ejercicio deben respetarse los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. El artículo 123 señala: “Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento”. Normas tan elementales y de fácil entendimiento las hemos corrompido con aplicaciones deshonestas, dando a los dineros públicos destinos torcidos que violan los principios constitucionales y la esencia misma del servicio público. El presupuesto que está destinado a satisfacer la necesidades del pueblo los gobiernos lo vienen aplicando a comportamientos discrecionales que sirven a los propósitos personales de los mandatarios de turno o de los partidos o movimientos políticos en el poder.
El escándalo de dos altos funcionarios cercanos al Presidente Duque, muestra que los controles internos no están operando y que el dinero de todos los contribuyentes los está aprovechando un partido político o los partidos y movimientos que hacen parte de la coalición de gobierno. Es inaudito que una sola persona acumule 10, 20 o 30, contratos de prestación de servicios mientras en la calle hay personas aguantando hambre, que pueden ser iguales o mejores que las beneficiarias de esos regalos o dádivas del gobierno. Derroche, nepotismo, despilfarro, dilapidación, aprovechamiento, atropello e injusticia en contra del pueblo y de los más pobres, que no tienen esos canales de acceso al poder para beneficiarse de la generosidad del Presidente. La Nación debe tener casi un millón de contratos de prestación de servicios para pagar favores políticos; en estos días deben estarlos renovando todos. Lo mismo ocurre en Departamentos, Distritos y Municipios. Una “nomina paralela” que solamente sirve para aceitar la corrupción y pisotear los derechos laborales. Por eso se escandalizaron con la sentencia del Consejo de Estado que puso límites temporales a la solución de continuidad de esos cientos y miles de acuerdos leoninos que no satisfacen necesidades generales sino particulares de unos pocos privilegiados.
Los colombianos ya están expresando en las encuestas su rechazo frentero a los corruptos (56% Analizar& Lombana S.A.S) y todos esperamos que el voto en las próximas elecciones no se venda, que se use el poder del sufragio secreto para que los compradores de electores de toda calaña sean derrotados en las urnas y pierdan todo el poder que han alcanzado defraudando a los más necesitados con sus engaños. El próximo año ejecutará el gobierno un presupuesto de $350,4 billones, de los cuales $69,6 billones son para inversión. Solamente si elegimos un congreso y un gobierno austeros podremos dormir confiados en que todo gasto beneficiará al pueblo y no a los grupos de poder del país, ni a los carteles de la contratación hoy tan famosos.
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