En 2021 hubo 6544 fatalidades en accidentes viales según el dato oficial de la página de ANSV. El promedio se ha mantenido durante los últimos años, y en vez de disminuir la accidentalidad aumenta. Todo ello ocurre por la falta de una verdadera política pública de movilidad urbana y en carreteras nacionales, que se ha limitado a expedir documentos copiados de organismos internacionales, pero que no responden a la realidad colombiana. Por ejemplo, la alta movilidad se hace desde las grandes ciudades a otros centros urbanos poblados o a pequeñas poblaciones. La mayor parte del tiempo los conductores de vehículos lo pasan en áreas urbanas y se acostumbran a violar la reglamentación de los carriles. (Arts. 68 para vehículos, 95.1 para bicicletas y 96.1 para motocicletas ). Mientras esta disposición elemental de respeto no se cumpla los muertos seguirán aumentando y la accidentalidad también.
El otro problema grave es la velocidad, causante de la mayoría de los accidentes: no tenemos señales de velocidades mínimas y máximas actualizadas y cuando las instalan no se cumplen por parte de los conductores. Tampoco hay autoridad que las haga respetar. El uso inadecuado del carril izquierdo en las vías nacionales es una de las peores fallas de la conducción de automotores y vehículos de impulsión humana. Es inaudito que un vehículo todo el tiempo se mueva a 30 o 40K/h en vía de una calzada con doble carril cuando puede ir a 70 o 90 K/h, y lo haga por el carril de alta velocidad, cuando tiene el carril derecho para avanzar y hacer las maniobras de adelantamiento correctamente por el izquierdo. En vías de montaña también se presenta el mismo problema con los tractocamiones, pues dos automotores con igual velocidad y peso se mueven por los dos carriles e impiden el adelantamiento de los carros que pueden avanzar a una velocidad superior.
Todo esto es causado por la deficiencia en la capacitación de los nuevos conductores y la falta de actualización de los conductores antiguos, lo que podría hacerse con campañas publicitarias a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Lo peor de todo es que una gran parte del dinero de la Agencia Nacional de Seguridad vial (ANSV) asignado en el presupuesto de la vigencia de 2022 se le trasladó al Instituto nacional de vías para proyectos de infraestructura. La norma dispuso: “Presupuesto General de la Nación 2022. Ley 2159/21: Artículo 128o. Durante la vigencia fiscal de 2022, con los recursos del Fondo de Seguridad Vial administrado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se podrán financiar proyectos de construcción, reconstrucción, mejoramiento, rehabilitación, conservación, atención de emergencias, y demás obras que requiera la infraestructura vial y de transporte a cargo del Instituto Nacional de Vías, hasta por la suma de $70 mil millones.” Es decir, le quitamos plata a la vida para dársela al pavimento.
Es una hipocresía de las autoridades del Ministerio de transporte y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, lamentar la muerte de personas inocentes, cuando están quitando asignaciones presupuestales urgentísimas para salvar a quienes se movilizan a visitar a sus familias en tiempos de Navidad y Año Nuevo o en otras altas temporadas; otro sería el resultado si esos dineros se destinaran verdaderamente a la finalidad para la cual se recaudan, afinando las campañas de educación que requieren los tiempos modernos, de alta movilización, velocidad y tecnología. El Artículo 1º de la Ley 769 de 2002 ordena a las autoridades promover la difusión y conocimiento de las normas de tránsito y entre los principios rectores señala la seguridad de los usuarios y la libre circulación. Pero es sustancial salvar vidas porque la economía sufre también una afectación de casi $3 billones por esas fatalidades. Finalmente, digamos que no pueden las autoridades administrativas señalar la causa de los accidentes. Esa función corresponde al Juez penal al dictar sentencia en un caso como el ocurrido con 8 muertos y 34 heridos, después de los peritazgos técnicos.
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