Un pequeño pueblo de Cundinamarca que no alcanza los 50.000 habitantes, que tiene algunas importantes industrias, y que está ubicado a una distancia de 47 kilómetros de Bogotá, se paró firme contra la administración para evitar la ejecución de algunas obras por valorización, porque no tenían recursos para pagarlas, por efecto de la pandemia de Covid19. Lo importante fue la reacción del Alcalde y de los concejales, que en vez de ponerse en pelea frentera contra los ciudadanos, contrataron un estudio para verificar los hechos y encontraron que en realidad solamente podían recaudarse $20.000 millones de los 85.000 millones que necesitaban para iniciar y dejar terminadas las obras. Una población y un gobierno que dan ejemplo de racionalidad, de concertación y de entendimiento, que debería servir como ejemplo al gobierno nacional, que cree que todo se resuelve enfrentando al pueblo con la fuerza pública, violando el mandato constitucional de que las autoridades están instituidas para proteger la vida, honra y bienes de todos los habitantes del territorio. En Tocancipá los acuerdos fueron derogados por el propio concejo.
No en todos los casos ocurre lo mismo que en Tocancipá, pues muchas administraciones ven en la valorización un filón de oro para contratar obras innecesarias, donde detrás de esas decisiones están los carteles de la contratación, que hacen los estudios por debajo de cuerda y, además, se vinculan a las entidades territoriales para recibir el pago de servicios de financiación a las campañas políticas de alcaldes, gobernadores concejales y diputados. Lo grave es que en muchas partes de Colombia, por causa de la informalidad laboral, las personas pierden sus propiedades a manos de administraciones abusivas, a las que poco les importa que los ingresos de sus pobladores no sean suficientes y los ponen a padecer durante 5 o más años para pagar unas obras que a ellos de manera directa no los benefician, pero que deja en los bolsillos de los administradores de turno coimas importantes para seguir pagando favores y gobernando esos predios.
Mientras en ese espécimen de gobiernos territoriales y, del nacional, se derrocha, el pueblo “suda plusvalía” para cancelar sus deudas, muchas de ellas con el Estado, que no tiene misericordia, como es el caso del ciudadano que meten a la cárcel y luego le dan domiciliaria porque debe $350.000 al fisco. Toda una desgracia que muestra la falta de caridad con las clases medias y bajas de la población, no obstante la evidencia técnica de la desigualdad que impera en todo el territorio. Colombia necesita gobiernos austeros, y un Congreso que se reforme a sí mismo y no por vías extraordinarias, que reconozca sus privilegios, pues con sus salarios y tiempos de trabajo ellos desafían a la mayoría de la población que a veces no tiene con qué comer o vestirse. No se entiende cómo los gobiernos se aferran a las obras materiales de infraestructura y desatienden los derechos elementales a la vida, la educación y la salud de todos.
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