Parece que nuestro Congreso no se ha dado por notificado de las transformaciones que se están evidenciando en todo el mundo. El cambio en Alemania donde el partido socialista reemplazó los 16 años de Angela Merkel, la estabilidad del gobierno socialista español y los tiempos de derrota del partido popular. Y, en América Latina, la renovación ideológica que se está dando en países como Perú, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Argentina, Chile, Bolivia. Todo ese panorama daría para que desde las ramas del poder se diera un timonazo hacia una política más identificada con los intereses populares y no hacia la defensa de los privilegios personales o institucionales. Es bueno recordarles a nuestros Congresistas y a nuestro gobierno que con la constitución de 1991 se inició el tránsito de la democracia representativa a la participativa y que esta nueva concepción de la democracia implica un cambio trascendental del sistema político, cuya primera y más clara manifestación se encuentra en la manera como se comprende al ciudadano en su dignidad y derechos. El concepto de democracia participativa es más moderno y amplio que el de la democracia representativa. Abarca el traslado de los principios democráticos a esferas diferentes de la electoral, lo cual está expresamente plasmado en el artículo 2° de la carta.
Decenas de sentencias de la Corte Constitucional han reiterado que en la democracia participativa no sólo se valora más al ciudadano sino que, en razón a ello, el sistema político puede alcanzar mayores niveles de eficiencia. Un Estado en el que los ciudadanos cuentan con el derecho de tomar parte de forma directa en las decisiones a adoptar, de controlar los poderes públicos, de calificar los resultados obtenidos para exigir responsabilidad política, es un Estado en el que probablemente se logrará satisfacer en más alto grado las necesidades de sus asociados. Dentro de ese espíritu, el artículo 2° de la Carta Política enuncia como fin primordial del Estado el de “servir a la comunidad”. Más sencillo: el gobierno al servicio del pueblo y no el pueblo al servicio del gobierno. El pueblo es actor principal no “invitado de piedra”.
En estos cuatro años, y agravada la crisis por la pandemia, se dieron muestras de rebeldía popular en las calles, con actos que no deberían celebrarse, pues de todos los bandos hubo muertos y heridos, ofensas y retaliaciones. Desde las calles se hizo el llamado a las instituciones, pero no pasó nada. Solamente promesas. En el Congreso prevalecen los mismo vicios: votan los proyectos que incluyen “micos” a favor de sus intereses personales o de sectores privilegiados que ellos representan, no se rebajaron los salarios, ni modificaron el tiempo de vacaciones, intentaron silenciar a la prensa, legislan de espaldas al ciudadano, están desconectados de la realidad internacional y local, no oyen los gritos de angustia del 60% de trabajadores informales que claman por fuentes de empleo, no reforman adecuadamente la justicia, presionan a otras ramas del poder por contratos y puestos para sus amigos, en fin, esa indiferencia, será castigada por quienes saldrán a las urnas en 2022, así se escucha en las calles y se siente en todas las regiones. En el último informe de Transparencia por Colombia esta ONG informa que en los actos de corrupción registrados por medios de prensa se han visto comprometidos $92 billones en el periodo 2016-2020. Esos desatinos solamente pueden cometerlos quienes están en el poder. Y el Congreso que debe hacer control político está ciego y sordo frente a tales desmanes. ¡ya veremos!
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