La Constitución Política contempla la vida como un valor esencial, el cual debe ser defendido por las autoridades públicas y los particulares. Asimismo, los artículos 2° y 11 de la Carta fundamental estipulan que las “autoridades de la República están instituidas para proteger la vida de todas las personas residentes en Colombia”, por tratarse de un derecho de carácter esencial e inviolable. El deber de protección de la vida incluido en la Constitución se encuentra respaldado por diferentes tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado Colombiano. Sobre el particular la Corte manifestó: “En ellos se instituyó, como mandato superior, de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades del Estado, sin excepción, -en la medida de sus posibilidades jurídicas y materiales-, la realización de actividades, en el ámbito de sus funciones, tendientes a lograr las condiciones para la supervivencia y el desarrollo efectivo de la vida de los ciudadanos”.
Según informes de Indepaz en 2020 hubo en Colombia 91 masacres, en 66 municipios, con 381 víctimas. En 2021 hasta la fecha, hubo 90 masacres con 321 víctimas, distribuidas en 20 departamentos. Y si contamos los casi 130.000 muertos por COVID19, vemos que la ineficiencia en el manejo de la pandemia fue histórica. Al principio la vacunación la manejaron las EPS, hoy las colas son interminables para obtener una vacuna. No podemos confiarnos, pues en Europa y Estados Unidos las variantes están aumentando los contagios y posiblemente el número de muertos. Y otro tema, imposible de mencionar a fondo, es el de los incumplimientos al acuerdo de paz, reclamados incluso por los países garantes y la ONU.
Otro gran fracaso de esta administración fue la lucha contra la corrupción vinculada, entre otros temas, en el famoso contrato con Centro Poblados para llevar internet a niños de sectores apartados. Se perdió el dinero del anticipo y las investigaciones apenas comienzan. Los informes de las ONG sobre transparencia son aterradores, si las cifras billonarias que se pierden son reales. En ese tema gracias al manoseo del Congreso que se interesó más por maniatar a la prensa y a los comentaristas independientes estamos todavía en pañales. Además, con Fiscalía y organismos de control atados al cordón umbilical del Presidente de la República. El Presidente dio un mal ejemplo sobre el tema al sancionar la modificación de la ley de garantías electorales, y los escándalos van a ser evidentes los próximos dos años. Los efectos de esa decisión serán nefastos para la moral pública y para la imparcialidad electoral. Hemos leído con asombro que hasta la propia Corte Constitucional está sorprendida con los niveles de corrupción en la Guajira.
Y como si todo esto no bastara el alto gobierno está de politiquería por todo el país atacando a los candidatos que no son amigos del régimen y buscando la escogencia de un futuro Presidente que sea de la misma cuerda del actual, porque a ellos les conviene el “tapen, tapen, tapen”, regla de otro de la politiquería y de la falta de ética pública en nuestro país. En esos discursos sutilmente se trata de politizar a la fuerza pública, aspecto muy grave para el futuro proceso electoral. Un balance muy pobre, entonces, que nos deja mal parados ante la OCDE, el club de los ricos del mundo, al que pertenecemos por vanagloria, no por nuestras realidades económicas y sociales.
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