Si el Estado asumiera la financiación total de las campañas políticas se podrían controlar mejor los gastos electorales e imponer castigos más severos a quienes apoyen partidos o candidatos por fuera de las reglas de juego establecidas, como anular sus elecciones o llevarlos a la cárcel por uso ilícito de recursos en la campaña electoral. Hoy, por ejemplo, puede calcularse que por partido el Estado paga unos $8.000 millones en las actuales elecciones, que en la elección de un representante a la Cámara en entidades territoriales pequeñas los candidatos se gastan $500 millones y en las grandes ciudades el costo puede llegar a $3000 millones. Y un Senador, que necesita votos en todo el país, no se gasta menos de $20.000 millones de pesos. Por esas cifras es que la corrupción en Colombia es muy difícil de acabar pues todos esos gastos los financian con dineros sacados de la contratación o de amigos, con dineros ganados por fuera de la ley.
La forma de financiar estos escandalosos gastos es invirtiendo más en tecnología electoral, que se paguen los gastos de transporte a los electores, que se formalice el voto electrónico y que el estímulo al votante sea una bonificación del Estado directamente para cada elector que presente después de los comicios el certificado electoral. Es cambiar la forma de invertir en democracia y, en vez de entregarle la plata a los políticos, el Estado asumiría el costo de cancelar a los electores una suma fija por su voto. Se dirá que el gobierno que esté en el poder va a corromper a los electores para no dejarse sacar, pero el otro cambio que debe hacerse es el del sistema de escogencia de Registrador y Consejo Nacional Electoral, para garantizar la pulcritud e imparcialidad de las decisiones políticas en todo el país. Y, además, afinar la Sección Electoral del Consejo de Estado, para que los fallos salgan en seis meses y no en seis años, como pasa hoy.
Nadie puede negar que Colombia está todavía permeada por el narcotráfico y por los dineros de procedencia ilegal, más los carteles de la contratación y las vinculaciones directas de obras y prestación de servicios, que se han incorporado a las regiones y que hoy cooptan la elección de Alcaldes y Gobernadores. El poder se está repartiendo mediante el uso de maquinarias comprometidas con la corrupción y el reparto de puestos y contratos, actividad ilegítima que se pacta desde mucho antes de las elecciones y que cada mandatario se compromete a cumplir religiosamente. Las coaliciones que se forman están basadas en la ilicitud de conductas que se manejan por debajo de cuerda, con el silencio de todos los autores, cómplices y auxiliadores. Hay regiones donde el transporte de los electores a las urnas se contrata seis meses antes del proceso y los que no se avispan se quedan sin posibilidad de movilizar a sus parciales. En otras, el día de las elecciones se derrocha licor, comida y fiestas como en ninguna época del año.
Cerrarle el paso a los aportes en efectivo en la oscuridad de las noches aristocráticas y de áulicos del poder, es uno de los deberes del próximo gobierno si hay un cambio de fondo en la política colombiana. De lo contrario, las malas costumbres seguirán imperando y los derechos de las personas seguirán siendo una burla, frente al poder de quienes ostentan los mayores capitales en esta patria atribulada por los malos manejos y la ineficiencia en la función pública.
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