El reciente Congreso mundial de abogados celebrado en Barranquilla nos demuestra que el Ministerio de Justicia y del derecho podría suprimirse y no pasaría nada. En Colombia necesitamos con más urgencia el desarrollo del Estado social de derecho cuya realización y eficacia sustantiva se mide por la capacidad de éste para satisfacer, a través de la prestación de los servicios públicos, las necesidades vitales de la población, mediante el suministro de concretas prestaciones que tiendan a ello y, consecuentemente, de lograr por esta vía la nivelación de las condiciones materiales de existencia de las personas. La prestación del servicio tiene como destinatario a los usuarios, esto es, a quienes son titulares de dichas necesidades y demandan por consiguiente su satisfacción. Empecemos por lo más esencial: el servicio de salud. En Colombia la vida no está garantizada, porque los dineros de la salud se los roban descaradamente. Ejemplos como el cartel de los locos y el cartel de la hemofilia en Córdoba, dan cuenta de hacia dónde van los recursos que pagamos los colombianos por un buen servicio de salud. La ley 100/93 creó un sistema inicuo, donde lo financiero prevalece sobre el derecho a vivir. Tanto que la mayoría de las tutelas se refieren a la violación de este derecho. El propio Superintendente de Salud en entrevista televisiva expresó su incapacidad para controlar el robo a la salud. Las EPS desvían dineros que deberían destinarse a pagar los servicios que prestan las IPS, por lo cual hoy algunas están en riesgo.
Y sobre el derecho a la educación, digamos simplemente que los maestros se quejan de las precarias condiciones en que prestan los servicios, falta material docente, lo regular de algunas instalaciones y baterías sanitarias, y entre tanto la Ministra reparte condecoraciones y los $70.000 millones entregados como anticipo del contrato con Centro Poblados para darles internet a los niños pobres de Colombia no aparecen.
En Colombia no necesitamos más normas, para consolidar el Estado de derecho, al contrario, debemos suprimir tanta verborrea jurídica y tener normas sustantivas y procesales simples que permitan a los ciudadanos acceder a todos los servicios que las instituciones deben ofrecerles y prestarles. El Estado social de derecho sumado a un sistema de normas vivo y actuante a través de jueces rápidos y transparentes es mucho más efectivo que tener un Ministerio de Justicia encargado de coordinar relaciones entre instituciones que se manejan a sí mismas, y formulación de estrategias y políticas de racionalización, reforma y defensa del ordenamiento jurídico que pueden salir de Planeación Nacional. Asonal hizo fuertes críticas a la reforma a la justicia, porque no soluciona los verdaderos problemas de la congestión y de la justicia rápida y más cercana al ciudadano. La justicia debe ser autónoma y generar el cálculo de necesidades y requerimientos presupuestales con absoluta libertad, lo que puede hacer a través de la Gerencia de la Rama judicial, escogiendo personas para ese cargo con mucho talento para la organización y manejo de temas administrativos y financieros. En realidad la acepción Estado de derecho se refiere a que la actividad del Estado está regida por las normas jurídicas, es decir que se ciñe al derecho. La norma jurídica fundamental es la Constitución, lo cual implica que toda la actividad del Estado debe realizarse dentro del marco de la última. La Corte Constitucional ha explicado todo esto en cientos de providencias que los altos funcionarios deberían estudiar.
Tenemos un Estado de derecho para defender la producción y las empresas, lo cual es bueno. Pero cuando algo se dice en contra de sectores poderosos se expide una norma para protegerlos, o cuando el ciudadano del común tiene un problema lo ignoran o inventan una norma para dificultar el ejercicio del derecho de petición, dilatar las soluciones o desconocer el derecho reclamado. No se pueden demandar los contratos sino por los terceros interesados, lo que desprotege el poder de las veedurías y la transparencia pública; las tutelas no se cumplen en favor del pueblo ni con incidente de desacato; los dineros perdidos por actos deshonrosos no se recuperan por la insolvencia de los autores y cómplices; los autores de delitos atroces evaden la pena con acuerdos con la Fiscalía; los pequeños hurtos no tienen sanción y la impunidad es rampante porque el sistema penal acusatorio no funciona. Mientras la inseguridad campea en sectores rurales y en las ciudades, tenemos un Ministerio de Justicia que se dedica a organizar Congresos Internacionales, cuyos frutos no se verán antes de que se acabe este gobierno. Las vanidades prevalecen en el cuatrienio que termina, mientras las muertes por Covid se mantienen y los derechos ciudadanos se pisotean por el incumplimiento de los términos procesales y las sentencias.
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