Las reuniones de concertación para fijar el salario mínimo no dejan nunca satisfechos a los trabajadores. Y todo porque en el Estado no dan ejemplo de austeridad. Mientras a los trabajadores les niegan los mínimos derechos que ellos exigen, los funcionarios se aumentan los salarios con primas y beneficios extras, que no permiten que los particulares les reconozcan a los trabajadores del sector privado. Y es una contradicción, porque quienes verdaderamente producen en Colombia son los laboriosos obreros de las empresas, que hacen crecer la economía mientras el gobierno derrocha lujos en aviones, viajes internacionales, congresos, tiquetes de primera, autos, celulares, oficinas remodeladas, guardaespaldas, camionetas, ambulancias personalizadas, y otros beneficios difíciles de calcular por el enredado manejo presupuestal que hacen para ocultar esos gastos. Para la muestra los excesivos gastos del Presidente en los últimos meses viajando a todo el orbe con comitivas de más de 100 personas, ( como si no existieran Embajadores y Cónsules) sin contar los desplazamientos nacionales que cuestan un dineral para custodiarlo en todas las regiones.
La política salarial más adecuada es facilitar que muchos de los recursos que las empresas pagan en impuestos se trasladen de manera directa a los trabajadores y así la economía mejoraría sustancialmente, porque en el bolsillo de los trabajadores hay crecimiento económico, pero no en las arcas estatales donde el derroche es abrumador. Las cifras de gastos en aumento de la nómina estatal de los últimos años es indicativa de cuál es la prioridad de los gobiernos para mantenerse en el poder y satisfacer las abusivas demandas de Congresistas, Diputados y Concejales, que cada día demandan más dinero para ayudar a los aportantes de las campañas con jugosos contratos de obra y suministros y contratos de prestación de servicios sin objeto definido, para proteger los votos de cada región. En 2015 la nomina pública costaba 23 billones de pesos. Y si a ese valor le subimos el promedio de los últimos años con un crecimiento de 3% hoy la nómina pública cuesta aproximadamente 30 billones. La diferencia para 2021, entre el ingreso de un trabajador que produce crecimiento económico es de $908.526 mientras que el de un Congresista que no produce valor económico real es de $34.417.000.
El cuadro anterior muestra el desbalance que genera la democracia representativa frente a la democracia participativa. Los de la democracia representativa, es decir, los de arriba, ganan todos los privilegios de la bonanza salarial. Los de la democracia participativa, es decir el pueblo, solamente lo necesario para garantizar la supervivencia que los lleva al mercado capitalista como centro de la explotación. Pero un Estado social de derecho no debe funcionar así, porque “La Constitución está concebida de tal manera que la parte orgánica de la misma solo adquiere sentido y razón de ser como aplicación y puesta en obra de los principios y de los derechos inscritos en la parte dogmática de la misma”. Por eso la Corte Constitucional ha aceptado que quienes reciben el salario mínimo deben obtener un aumento salarial mayor que quienes tiene salarios medios o elevadísimos. Es hora, entonces, de que en vez de estar hablando de comunismo hablemos de justicia distributiva y Estado social de derecho, que es donde se resuelven las diferencias ideológicas, dando más a los que menos tienen.
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