EL RIESGO PATRIMONIAL DE GOBERNAR EL ESTADO

El que desee ser funcionario público tiene que saber los costos que implica ejercer tareas oficiales. No se trata solamente de llegar al poder y tener buenos asesores. Se trata de saber de verdad, todo el entramado jurídico que nos rige. Al prestar el juramento se otorga el compromiso de cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes y demás normas jurídicas. Para ello es bueno que antes de tomar posesión se estudien todas las disposiciones que existen, que son cientos y hasta miles las que regulan la función pública. Lo primero es recordar que la mayoría de los servidores de los altos niveles de la administración llegaban al poder y el acto inicial de sus tareas era delegar un alto porcentaje de las funciones. Pero la ley en Colombia puso un control en materia de contratación: “en ningún caso, los jefes y representantes legales de las entidades estatales quedarán exonerados por virtud de delegación de sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual”. (Ley 1150de 2007 art. 21)

De allí que el manejo presupuestal y de la contratación sea tarea complicada para quien por primera vez se sienta a gobernar, o para quien repite pero con la intención de saquear el tesoro público. La cantidad de trámites y requisitos para celebrar un contrato enredan al más astuto de los profesionales, pues no falta el que incumple el inciso  (por ejemplo pólizas falsas o inexistentes y falta de estudios o estudios incompletos) y, con ello, toda la estructura se viene abajo. El otro escollo que hay en el ejercicio de los deberes funcionales es que en el personal de carrera administrativa, que no le deben el puesto a padrinos sino al mérito, hay gente honrada que pasa la voz (de manera pública o anónima) cuando sus superiores violan la ley. Hay pues dentro de la misma administración una especie de autocontrol, por esa causa los administradores llegan a rodearse de contratistas de prestación de servicios que les cubran las espaldas, sin darse cuenta de que esa libertad de escogencia los pone en otro peligro y es la posible declaratoria de nulidad de esos contratos o el fallo de la justicia que califica como contratos laborales esas relaciones y no temporales como ellos suponen, lo que los obliga a devolver los dineros pagados ilegalmente. Por eso nombrar o remover personal es ejercicio muy delicado, pues esos procesos tardan por lo menos 10 años y por esas calendas nadie tiene las pruebas para defenderse. Agregando que la defensa debe ser pagada con recursos propios del ex funcionario.

Todas las dependencias hoy tienen control interno, control fiscal, control disciplinario y que muchas veces derivan en investigaciones penales, que pueden llevar a prisión a los responsables. Y a veces todo el dinero acumulado como ahorros, inversiones en empresas o por actos ilegales, lo pierden con la sagacidad de los investigadores que precisan en sus pesquisas qué es ingreso producto del trabajo y qué es enriquecimiento patrimonial injustificado. Hoy no es como ayer, que la falta de medios de comunicación apagaba los escándalos dentro de la administración pública. Las redes sociales son un instrumento de vigilancia válido como en ninguna otra época. Por eso casos como los falsos positivos, Odebrecht, Reficar, Hidroituango, el saqueo a Departamentos y Municipios, no quedan impunes así hayan pasado los 5, 10, o 15 años de impunidad por los demorados trámites que garantizan el debido proceso. No ha de faltar el investigador que encuentre la prueba reina y haga pasar en la cárcel los últimos años de vida al autor, cómplice o auxiliador de los hechos violadores de la ley, para vergüenza de la sociedad, familias, hijos nietos y hasta bisnietos. Hay que cuidarse de ambicionar tanto el servicio público si no se ha estudiado la telaraña jurídica que acarrea la responsabilidad de gobernar y, además, hacerlo con honradez.

Se el primero en Comentar

Deja tu respuesta