La señora Ministra de Relaciones Exteriores y Vicepresidenta de la República, ha sido notoriedad por estos días gracias a sus numerosos viajes internacionales. Mientras tanto miles de ciudadanos hacen cola en las calles esperando que mediante un acto administrativo de emergencia les expidan el pasaporte que se les venció o está próximo a vencerse. Se le olvidó a la Ministra que la política y el servicio público son muy diferentes, pues mientras hacer política es proselitismo y organización de la sociedad con los partidos y movimientos, la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se debe prestar con eficiencia, eficacia e imparcialidad.
Antes que viajar deben atenderse los deberes funcionales con los nacionales colombianos que son los que pagan impuestos y ejercen el derecho a escoger a sus gobernantes mediante el voto popular. No hay derecho a que llegue el término de vigencia de un pasaporte y desde las oficinas encargadas de expedirlos no se les envíe un recordatorio a los portantes del documento oficial como se hace con el SOAT o con las tarjetas de crédito y debito de los bancos, pues las entidades responsables de estos deberes sí están atentas para solicitar a los beneficiarios que se acerquen a las oficinas que expiden seguros o a las entidades responsables del crédito bancario para obtener un plástico nuevo.
Los ciudadanos presentes en las largas filas manifestaron que hubo carrusel de corrupción en la asignación de citas y ventas de puestos en la calle para acceder privilegiadamente al derecho a tener el pasaporte renovado. Por esas causas se citó a la Canciller a un debate de control político para que explique, por qué mientras ella se desplaza de país en país, sin resultados concretos para la patria, los ciudadanos padecen el infortunio de no tener autoridades competentes para que les garanticen el derecho a desplazarse hacia el exterior por razones de trabajo, estudio o turismo. La negligencia y falta de planeación en el sector público son evidentes, más tratándose del trámite de documentos oficiales, que deberían llegar a las casas por internet o por correo. Un contrato de US$110 millones que seguramente no tiene interventoría competente y sus ejecutores son contratistas amigos del gobierno, pierden el interés por servir al ciudadano, verdadera razón del Estado social de derecho. Una idea Ministra: reasigne una buena cantidad de contratos inútiles de otros Ministerios y pone a esas personas a tramitar pasaportes para que se ganen los honorarios bien ganados. Los colombianos viajeros se lo agradecerán.
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