Un importante llamado hizo el Presidente Joe Biden a los mandatarios de países “democráticos” para defender esta forma de gobierno. Ahora bien lo primero es que nos pongamos de acuerdo en puntos específicos sobre el significado de ese calificativo político, pues en todo el globo se entiende de manera diferente. Para el Presidente Biden hay cuatro puntos básicos que son: frenar el auge de gobiernos autoritarios, combatir los abusos contra los derechos humanos, acabar la corrupción y promover medios de comunicación independientes. Todo un programa de gobierno que si se cumpliera a cabalidad por el grupo de los mandatarios invitados generaría un cambio de fondo en los países donde se apliquen esos valores institucionales como políticas públicas. Un Convenio internacional sobre tales materias sería de la mayor conveniencia para evitar las distorsiones que paralelamente cada gobernante le va introduciendo a la ejecución de sus programas por medios legales o ilegales.
Los cambios que se van generando en las sociedades sobre el entendimiento de la democracia han sido plasmados en textos constitucionales, que deben ser entendidos como lo ha expuesto el máximo intérprete de la Carta que es la Corte Constitucional. No puede ser propio de los gobiernos explicar el sentido de los textos fundamentales con sesgos o aprovechamiento de la posición dominante. Colombia dio un paso trascendental cuando varió el dominio de la democracia representativa a la democracia participativa, es decir dando al pueblo fuerza política especial, toda vez que de la expresión mayoritaria de los ciudadanos emana el poder público. Pero no se puede propiciar la corrupción electoral en contra del pueblo para ganar elecciones. Los que manchan los procesos electorales con violaciones a la ley deben ser inhabilitados para todo cargo público o contrato con el Estado. En la democracia participativa no sólo se valora más al ciudadano sino que, en razón a ello, el sistema político puede alcanzar mayores niveles de eficiencia. Un Estado en el que los ciudadanos cuentan con el derecho de tomar parte de forma directa en las decisiones a adoptar, de controlar los poderes públicos, de calificar los resultados obtenidos para exigir responsabilidad política, es un Estado en el que probablemente se logrará satisfacer en más alto grado las necesidades de sus asociados. Dentro de ese espíritu, el artículo 2° de la Carta Política enuncia como fin primordial del Estado el de “servir a la comunidad”.
Lamentablemente los gobiernos desde la Carta de 1991 no han aprendido el mensaje traslúcido de las sentencias del intérprete de la constitución, y tratan por todos los medios de eludir la protección de los derechos, garantías y libertades de las personas, mientras se auto protegen como gobierno y como altos dignatarios. Las libertades cada día están más oprimidas y los derechos que garantizan las leyes se orientan más hacia la protección de los sectores productivos de capital que hacia las personas en situaciones de debilidad manifiesta. La impunidad es la regla para los corruptos y para los contratistas que defraudan el tesoro público, mientras el raponero es llevado a la cárcel y estigmatizado, sin que el Estado le haya brindado oportunidades sociales y económicas para su crecimiento personal. No es a través de la fuerza de las palabras sino de los hechos como construimos democracia y por eso debemos escuchar a los lideres mundiales que entienden mejor el tema de la globalidad democrática aplicada en beneficio de todos.
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