En realidad la clase política es poco numerosa en nuestro país, porque los partidos tradicionales apenas representan una quinta parte del total de la población. Eso significa que las mayorías siguen siendo aquellos que están por fuera de esas organizaciones, hoy bastante desprestigiadas. Tal cifra se demuestra si tenemos en cuenta las pasadas elecciones donde el Presidente Duque obtuvo con todos los partidos de la “alianza” un poco más de 10 millones de votos. Y si lo miramos desde el punto de vista de los habilitados para votar esas cifra es la tercera parte de los posibles sufragantes. No hay que humillarse ante la clase política, porque los que están fuera de los partidos siempre serán mayoría, pero con una diferencia: los que buscan el poder tienen un objetivo concreto: los puestos del Estado y los jugosos contratos que se celebran en todas las regiones. La gran tarea de los que están por fuera del poder debería ser fijarle una meta a los abstencionistas y a los sin partido, que les llame la atención y los arrastre hacia una victoria en la primera vuelta en las elecciones de 2022. En política todo es posible y, además, tenemos el ejemplo de Alemania que acaba de concretar un acuerdo entre socialistas, verdes y liberales, consenso que parecía inalcanzable.
Del lado de allá, o sea de los partidos tradicionales, parece que la moral no importa. Eso lo demuestran las actitudes del gobierno y sus aliados con los escándalos de sus correligionarios, que son defendidos, con el argumento del debido proceso, de todas las malas acciones éticas que se han descubierto en tan solo 3 años. Pero si miramos los escándalos del pasado como Odebrecht, Reficar, Chambacú, Parapolítica, COMMSA, Yidis política, falsos positivos, agro ingreso seguro, Dirección Nacional de Estupefacientes, Gobernadores y Alcaldes destituidos, Carruseles de contratación en varias ciudades, Cartel de la toga, Cartel de la hemofilia, escándalo Fedefútbol, escándalos en las fuerza militares por vínculos con grupos ilegales y manejo de contratos y, recientemente, la irregular contratación dentro de la pandemia de Covid19, todos esos actos ilegales juntos darían para provocar un revolcón y dejar por fuera a los partidos que han apoyado tamaños despropósitos. Los partidos siguen escogiendo a quienes a pesar de sus comportamientos por fuera de la ética pública les ponen votos para seguir mangoneando al pueblo que los ayuda a elegir y a los otros ciudadanos que no votan o se abstienen, porque les dan asco esos atropellos.
La Corte Constitucional ha desarrollado el sentido de la expresión “buenas costumbres” y ha explicado que ese enunciado debe entenderse en el sentido de “moral social” o “moral pública”, tal como han sido comprendidos por la jurisprudencia constitucional, dado que este concepto está dotado de unas características mayores de concreción, estudiadas por la misma jurisprudencia de la Corte. Este remedio constitucional, como recientemente lo reconoció la Corte en la sentencia C-234 de 2019, corresponde a la afirmación de que el término “buenas costumbres” no es absolutamente indeterminado se deriva necesariamente de la asociación que se ha efectuado frente al término “moral social” o “moral pública”, cuyo ámbito de comprensión sí ha sido objeto de construcción por parte de la Corte Constitucional. Si todos respetáramos un mínimo de ética, en los términos del máximo tribunal constitucional, podríamos abrir puertas para acabar con quienes se enriquecen a costa del erario público y, además, con apoyo de los partidos políticos.
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