Colombia ya debería pensar en llegar a un régimen parlamentario y dejar el régimen Presidencialista, donde este servidor público se ha convertido más en un cuasi monarca que en una persona igual a sus conciudadanos, pero investida transitoriamente de gerenciar al país. Un régimen parlamentario permitiría más acuerdos entre quienes resulten elegidos como representantes del pueblo y obligaría al Presidente del Gobierno a estar consultando de manera permanente a las bases sociales y empresariales que toman decisiones en la Nación. El Presidencialismo nos ha llevado a que la persona elegida crea que tiene más poderes de los consagrados en la Constitución y, por tanto, hace que se inmiscuya en las tareas de los otros poderes y órganos del Estado no como un árbitro, sino como un manipulador a quien todos le deben rendir pleitesía.
Dentro de este nuevo régimen se le quitarían las facultades nominadoras y electorales al Congreso, al Presidente y a las altas cortes, para que los concursos de méritos se impongan como regla y al final de los mismos la persona sea escogida mediante sorteo público, dada la igualdad de condiciones entre los 5 o 10 aspirantes finales a un cargo. Dicho sorteo debería ser verificado por representantes de la mejor Universidad pública o privada, la Escuela Superior de Administración Pública y la entidad que ejerza la funciones del Departamento Administrativo de la Función Pública. Ese equipo podría variarse en cada caso especial. De esta manera el Procurador, el Contralor, el Defensor del Pueblo, el Fiscal General, Registrador Nacional y los Magistrados de la Corte Constitucional, Corte Suprema, Consejo de Estado, Consejo de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral y Comisión de Disciplina Judicial serían escogidos sin criterios politiqueros, que complican no solamente la selección imparcial y transparente, sino el ejercicio de las funciones propias de cada cargo.
Otro cambio sustantivo sería impedir el abuso de los altos funcionarios del Estado con los bienes oficiales, especialmente vehículos, aviones, helicópteros y demás equipos militares o civiles para la movilización de personas, disponiendo que solo excepcionalmente y por razones de seguridad manifiestas, dicha utilización pueda hacerse mediante justificación escrita del Comandante de las Fuerzas Militares. Ninguna persona del entorno familiar de los servidores públicos podría ser beneficiaria de privilegios estatales. Todos los servidores deben usar las ofertas comerciales de transporte terrestre y líneas aéreas existentes. Hemos visto que dicho abuso pervierte y degenera el servicio público creando excepciones malsanas y exceso en los gastos estatales.
Finalmente, el Gobierno, el Congreso y la Justicia, deben generar un compromiso de lucha contra la corrupción, sancionando con las más altas penas de prisión e inhabilidades a quienes sean sorprendidos defraudando el tesoro público o participando en actividades contractuales ilegales donde se inviertan recursos del Estado. Uno de los requisitos para el acceso al servicio público debe ser el de superar una prueba de ética y moral pública, aplicada con los más altos niveles de seriedad y mantener información transparente de todo funcionario público o trabajadores del Estado sobre ingresos y gastos, relaciones de amistad o familiares, que impliquen riesgo para la pulcritud administrativa. Si no hacemos transformaciones de fondo para mejorar los controles ciudadanos y la empatía entre el gobierno y el pueblo, la polarización y la desconfianza frente a las instituciones serán cada vez más agudas y la inestabilidad se irá agravando hasta cuando se derrumbe toda la estructura del Estado.
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