Las nuevas estadísticas de desempleados en Colombia no reflejan la realidad del mercado nacional. Decir que hoy tenemos un poco más de 400 mil personas sin trabajo es una mentira demasiado grande, teniendo en cuenta los reclamos de la centrales obreras frente a la nueva sentencia del Consejo de Estado que pulveriza los mecanismos antijurídicos de los contratos de prestación de servicios. En efecto, las organizaciones sindicales hablan de aproximadamente 500 mil contratos de prestación de servicios en el gobierno que ocultan trabajo ilegal, porque esas personas son usadas como instrumentos de la politiquería para conseguir votos pero no tienen seguridad social ni prestaciones de ninguna naturaleza y pueden ser despedidos cuando el “patrón político “ lo ordena. Si sumamos esas dos cifras ya tenemos un millón de desempleados por la precariedad del vínculo contractual. Ahora bien, según el DANE en 2021 en el período comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de mayo del presente año, en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la proporción de hombres ocupados que eran informales fue de 46,9%, mientras que esta proporción para las mujeres fue de 48,2%. Pero el trabajo formal lo ocupan un poco más de 6 millones de personas. Luego, si se tiene en cuenta el porcentaje de personas adultas en capacidad de trabajar, que son unos 38 millones, estamos hablando de un mínimo de ocupación laboral seria (16%) y lo demás se reparte entre la informalidad y la ilegalidad.
El empleo público tiene un poco más de 1.200.000 personas vinculadas, pero si sumamos los 500 mil contratos de prestación de servicios, más otros contratos más sofisticados de vinculaciones políticas y asesores por contratos como en temas de publicidad o estudios, con honorarios de más de $100 millones de pesos y que en realidad no cumplen tarea específica, llegamos a los dos millones de personas que tiene ingresos oficiales. Por tanto, quien no tiene trabajo formal digno, es decir con todas las garantías que dan las leyes nacionales e internacionales, son ilegales. Los informales son aquellas personas que se levantan y hacen cualquier cosa como vender arepas, empanadas, dulces, ropa barata, zapatos, y otros bienes y servicios que se hacen generalmente en la calle o al borde de las carreteras. Si nos atenemos, entonces, a los números oficiales no estamos cerca de la verdad de nuestra situación de empleo-desempleo, pues la cifras son maquilladas según la intencionalidad del gobierno de turno. Esas tendencias deberían manejarlas organismos autónomos que sean capaces de decir siempre la verdad, para tomar decisiones de fondo.
Otro problema que desfigura el mercado del desempleo en nuestro país es el narcotráfico, pues por allí se mueven cifras millonarias, o cómo se explica que según los informes de prensa a un narco le quitan $4 billones en bienes y caletas, a otros $2 billones y así sucesivamente según el nivel de cada delincuente. Las drogas dan muchos empleo, que se camufla como empleo de altos ingresos, pues se mueven cantidades en efectivo. Pero cuando las autoridades ajustan su función de control y capturas ese recorte del mercado genera violencia y hurtos por la falta de ingresos de la economía ilegal. En resumen en el campo del empleo hay mucho por hacer y los gobiernos no han querido tomar medidas de fondo, porque solamente les interesa adjudicar contratos en grandes sectores de la economía como las obras públicas, minas y energía y salud, donde se mueven capitales estrambóticos, que todos los políticos anhelan para sus respectivas campañas y por eso hay ministerios de primera y segunda. Tenemos pues poco trabajo digno y cifras altas en los sectores informales y de la ilegalidad (84%).
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