Colombia sigue en la transición de ganarse su derecho a una paz completa y duradera donde todos, a pesar de las diferencias, podamos encontrarnos en los mejores propósitos para cambiar al país. El derecho a la paz favorece el entorno personal y el de todos los habitantes del territorio. Recordemos que la votación del plebiscito que se ganó el NO en unas elecciones era promesa presidencial, a pesar de que el Presidente tiene como función constitucional “conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado” (Art. 189 numeral 4o Constitución Política). La Corte validó el procedimiento, pero al perderse los comicios con la mayoría de los votos por el no, el propio gobierno acudió a un mecanismo diferente como fue revisar lo acordado con las extintas Farc y pedirle al Congreso una ratificación política que le fue dada a los acuerdos por la casi totalidad de los partidos. Luego, vinieron las decisiones que se incorporaron a la Carta por actos legislativos y leyes y le dieron estabilidad a lo convenido, con apoyo de la comunidad internacional. Esto quiere decir que los acuerdos, como están protegidos por normas superiores no pueden ser cambiados, a menos que se quiera subvertir el orden y preferir el regreso a la guerra que perfeccionar los instrumentos que consoliden una paz permanente.
Lo primero que debe decirse es que todos estamos obligados a cumplir la Constitución y las leyes en los términos expresados en el artículo 95 constitucional, y además según lo ordenado por el numeral 6º “propender al logro y mantenimiento de la paz.” Todo ello para “defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica.” (numeral 4º). La mayoría de las decisiones que se tomaron por el legislativo fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional, y hoy se encuentran vigentes, a pesar de la algarabía que de tiempo en tiempo levantan los amigos del gobierno y del partido de gobierno hoy en el poder. Si eso lo hiciera un ciudadano del común sería procesado por la Fiscalía, también amiga del gobierno, por delitos como la rebelión, la sedición, conspiración o seducción. Pero los amigos del gobierno pueden conspirar contra la paz y el derecho de los colombianos a tenerla, así sea imperfecta, y no les pasa nada por estar amparados por la impunidad que da el tener a los aliados en el poder del Estado.
Dejemos atrás la nostalgia por no haber podido lograr la paz en los términos del hoy partido de gobierno y miremos hacia el futuro que es lo que tenemos como posible si nosotros mismos no saboteamos ese derecho a vivir en convivencia y con solidaridad. Los resultados de la participación ciudadana después del plebiscito fueron vinculantes de diferentes maneras: por un lado, debido a que el resultado de las votaciones del plebiscito implicaron que el Acuerdo Inicial no pudiera ser implementado directamente por el Presidente debido al mínimo margen de ganancia del NO. De otro lado, en acatamiento de estos resultados, se dio apertura a un complejo proceso de participación ciudadana, de diálogo social, en el que se presentaron múltiples y diversas proposiciones que fueron acogidas en el resultado del Nuevo Acuerdo Final. Por consiguiente, la participación ciudadana tuvo un carácter deliberativo y propositivo, puesto que propició la apertura de amplios espacios de debate público y, conforme con ello, se generaron diversas propuestas por parte de los diferentes sectores, las cuales tuvieron incidencia directa en la parte sustancial pactada en el último acuerdo firmado, así como en la determinación de las diferentes etapas para su implementación. Así fue reconocido por la Corte Constitucional y así debemos hacerlo todos, “pésele a quien le pese y gústele a quien le guste”
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