El derecho a la salud, corolario sustantivo del derecho a la vida, es el segundo derecho más reclamado en Colombia vía tutela, con 70.189 peticiones presentadas ante los jueces, es decir, el 22,9% de todas las tutelas presentadas en 2020. La ley 100 de 1993 generó una serie de problemas, que hoy son calificados como graves por la asociaciones médicas, la academia nacional de medicina y por los organismos de control, especialmente la Superintendencia Nacional de Salud. En este sector se mueven anualmente $52 billones lo que hace que el ministerio del ramo sea uno de los más apetecidos por los políticos y por otros grupos económicos que sustentan sus ingresos en actividades relacionadas con ese gran fortín burocrático. La situación caótica de la atención en salud llevó al presidente de la Comisión Séptima del Senado a decir en una sesión de esa célula legislativa: “Se siguen cerrando las EPS, porque están quebradas y se siguen muriendo los colombianos por el mal servicio de parte de estas empresas prestadoras de Salud, por ello, queda una tarea pendiente de las entidades de control. Se nos muestra un indicativo del bienestar de las EPS, pero los pacientes se mueren por la desatención de estas entidades”.
Los actores del sistema de salud dicen que el problema central es la corrupción porque hay “acuerdos para inflar la Unidad de Pago por Capitación (UPC valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al sistema de salud para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud en los regímenes contributivo y subsidiado), para negar prestaciones de servicios, y para aumentar los recobros. El desmesurado e injustificado aumento de los recobros supera los dos billones de pesos. Por eso existe un lento y disminuido flujo de recursos hacia los prestadores y grandes barreras de acceso a las que son sometidos los usuarios, a lo que se suma el manejo irregular de los recursos públicos en inversiones ajenas a las necesidades de salud de los Colombianos.” Puede ser corrupción la contratación directa de entidades públicas con empresas privadas específicas donde no se permite la competencia de precios, la desviación de recursos, inviabilidad financiera por malos manejos, la negación de autorizaciones de servicios, demoras injustificadas en el suministro de medicamentos y barreras de todo tipo para la prestación de tratamientos vitales. A pesar de los requerimientos oficiales la mayoría de las EPS no han mejorado. La Superintendencia informó que 6.4 millones de afiliados cambiaron de EPS. La mayoría de los representantes de la salud expresan que las EPS son simples intermediarios financieros, que no se requiere de la intermediación financiera que hacen éstas entidades (EPS) y que posibilitan actos de corrupción como los denunciados por los medios de comunicación y por los sindicatos de la salud.
Según informe de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en las últimas décadas se han gastado en el mundo cerca de 7,5 billones de dólares en salud cada año, lo que equivale a 1.000 dólares por persona en promedio, y el sector ha llegado a representar cerca del 10 % del PIB mundial. Más del 7 % de ese gasto sanitario anual se pierde por corrupción, es decir, más de 500 mil millones de dólares según transparencia internacional, una cifra que impacta de manera negativa la posibilidad de satisfacer las grandes necesidades en salud a escala global. ¿Podremos acabar con este otro fortín de la corrupción en Colombia y dedicarnos a salvar vidas?
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