La Corte al analizar la constitucionalidad de las normas contenidas en la Ley orgánica del plan de desarrollo (152/94) dijo: “De acuerdo con lo expresado en la Asamblea Nacional Constituyente, “La planeación es el origen y al mismo tiempo la base para la toma de decisiones. Es igualmente, la herramienta principal para el logro de los fines que se trazan en cualquier organización. Por lo tanto, ésta es esencial en el manejo de esa gran organización llamada Estado, por lo que se requiere que su aplicación sea eficaz y eficiente, y la eficiencia de un proceso de planeación está directamente ligada a la consecución de sus objetivos, en un tiempo razonable y a un costo racional y posible” C-524/03. Lamentablemente nuestros criterios cortoplacistas no permiten que las dependencias dedicadas a la planeación del futuro del país, en todos los niveles, se haga de manera técnica y alejada de cualquier compromiso político. Están bien que los políticos opinen y aprueben normas, pero lo insensato es que no haya quien le haga seguimiento a los planes y programas como ocurre en todo el territorio.
Y hay que empezar por la estructura del Estado que, después de 30 años de la vigencia de la Constitución de 1991, no nos atrevemos a tocar porque a todos los partidos les da miedo que los contrarios tomen ventaja en una asamblea Constituyente y los deje por fuera de los privilegios que hoy tienen. Por eso ni el gobierno ni la oposición toman la iniciativa y prefieren dejar las cosas como están. Solamente cuando tienen mayorías en el Congreso, maquillan un poco artículos del texto, pero no lo hacen generalmente en beneficio del pueblo sino de sus políticas y de intereses particulares, que luego se ven reflejados en leyes que nadie quiere respetar, porque se sabe que se aprobaron en beneficio de alguien o de algo. Sobran muchas instituciones y faltan otras, especialmente las que deben dedicarse a la protección de los derechos humanos y a la ejecución de obras que rescaten los sistemas ecológicos del país y los enarbolen como joyas de la naturaleza al servicio del territorio y del turismo internacional.
Por falta de planeación no funcionan bien ni las dependencias del gobierno nacional, ni el Congreso, que son como ruedas sueltas a pesar de lo que manda el artículo 113 constitucional sobre “colaboración armónica”; y basta leer los múltiples documentos CONPES que se expiden y las rectificaciones que el propio gobierno tiene que hacer, porque hubo equivocaciones o porque no se alcanzaron los objetivos deseados. En cada periodo presidencial ocurre lo mismo. Y ahora es la Corte Constitucional la que recrimina al sector justicia, por las violaciones a los derechos humanos de los detenidos y en general por la congestión de esa especialidad del derecho, que es notoria en todas las disciplinas, como la civil, la laboral, la contencioso-administrativa.
Dijo la Corte Constitucional en reciente fallo de tutela que se evidencia la irresponsabilidad de las autoridades encargadas de la planeación y asignación presupuestal, como el Ministerio de Justicia, porque no están exoneradas de garantizar la efectividad del derecho al acceso a la administración de justicia. “En la decisión, se hizo notar la actitud indolente de las entidades del nivel nacional con las personas que el Estado procesa y que por ello ostentan la condición de sujetos pasivos (parte débil) en el proceso acusatorio”. En esa providencia da 6 meses para estructurar un plan de descongestión pues, a diciembre de 2019 el represamiento de la jurisdicción penal era de 571.869 casos. Y si miramos otros asuntos como el cumplimiento de los compromisos del acuerdo de paz, los constantes desplazamientos de campesinos, las afectaciones por el invierno, las masacres, la persistencia de grupos armados ilegales con dominio territorial, las obras sin acabar, los elefantes blancos, todas esas fallas son debidas a la falta de planeación en áreas estratégicas de la gestión pública. Si no cambiamos toda la estructura de la planeación nacional el dinero nunca alcanzará y seguiremos dilapidando los ingresos que dejan las constantes reformas tributarias con que acosan a los ciudadanos.
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