Colombia es uno de los países con poca credibilidad en sus instituciones, por la cantidad de maniobras que se usan para descalificar a quienes participan en concursos de méritos y convocatorias públicas para el acceso a cargos de la administración, la rama judicial y otras entidades que convocan a miles para escoger a unos cuantos. En estos procesos no dejan de aparecer publicaciones de prensa o escritos anónimos que señalan quién será el escogido, o que ya entregaron el examen a unos participantes, o que en el camino amañan las calificaciones dando puntajes altos a quienes no lo merecen y después rectifican las cosas como si nada hubiera pasado; pero lo peor es la manipulación de las entrevistas donde no hay transparencia, publicidad ni calificación objetiva de acuerdo a las respuestas. El mérito como criterio para la provisión de cargos públicos dentro de la administración consiste, en los términos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en que el Estado pueda “contar con servidores cuya experiencia, conocimiento y dedicación garanticen, cada vez con mejores índices de resultados, su verdadera aptitud para atender las altas responsabilidades confiadas a los entes públicos, a partir del concepto según el cual el Estado Social de Derecho exige la aplicación de criterios de excelencia en la administración pública”. Así debería ser, para acabar con el nepotismo, al amiguismo y las componendas políticas.
El último suceso, hoy en manos de la Corte Constitucional para revisión de una tutela, ocurrió en el concurso de méritos para jueces y magistrados, donde 200 ciudadanos se quejaron ante la justicia por violación de derechos de quienes ya pasaron las pruebas. La convocatoria realizada por el Consejo Superior de la Judicatura se cumplió mediante la celebración de uncontrato con la Universidad Nacional por más de dos mil millones de pesos, el cual ha tenido cinco adiciones y 11 modificaciones de datos desde su firma en el 2017, conforme a registros de Colombia Licita y medios de comunicación. Según el propio Consejo de la Judicatura “Se han seguido encontrando errores, en la lectura óptica de las hojas de respuesta y en la construcción de las pruebas, porque incluye temas que no corresponden al cargo evaluado y porque algunas tienen múltiples opciones de respuesta, lo que impide que esos ítems cumplan su función de discriminación, por ser cualquier respuesta válida”. Esto es increíble que ocurra, a menos que se trate de beneficiar a ciertos personajes que no dejan de tener influencias muy cuestionadas en los altos poderes del Estado.
Así ha ocurrido en muchas ocasiones y las personas que se han presentado en los últimos años expresan su inconformidad por lo que pasa, pero como todo está en manos del Congreso, nadie mueve las manos para enfrentar esa ola de malos manejos que se dan para el acceso a la función pública por méritos. Ni siquiera se escapa la rama judicial y eso es lamentable. Todo puede corregirse si se hacen convocatorias públicas más amplias, con tiempo suficiente para aportar los documentos que acrediten los requisitos del cargo, publicación en redes sociales, en prensa escrita, radio y televisión. Además, garantizar audiencias públicas para las entrevistas con calificaciones objetivas por parte de los jurados respectivos. Igual debe hacerse en casos de encargos o nombramientos provisionales, que son otra fuente de clientelismo de ciertos servidores del Estado. Y que haya bancos de datos bajo custodia para escoger por algoritmos las preguntas de cada examen. Cargos y contratación son dos sectores que no se abordan con responsabilidad para acabar la corrupción que exaspera cada día más a la mayoría del pueblo colombiano. Claro que algunos con poder de decisión no son partidarios de la “urna de cristal”, porque ellos siempre han ganado con los gobiernos más oscuros.
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