Si algo rechazan los empresarios innovadores y emprendedores es la incertidumbre que crean los gobernantes al definir las políticas públicas. A pesar de que ellos deberían ser parte sustantiva de los acuerdos que las definen, a veces ni siquiera los consultan. Porque los gobiernos una vez en el poder se tornan arrogantes. Los gremios optan en la mayoría de los casos por ser ajenos a la política, cuando es el primer factor de incertidumbre, entendida como la falta de seguridad, de confianza o de certeza sobre algo. Los primeros invitados a las posesiones del nuevo gobierno son los empresarios aportantes a las campañas políticas y los amigos de los Congresistas bien apalancados con el nuevo mandatario. Algunos llegarán al poder en cargos de importancia o de poca capacidad de decisión. Depende de los nexos labrados en la campaña respectiva. Y una vez dentro de la función pública entenderán que eso no es para ellos, pues el Estado tiene demasiadas regulaciones y al final podrían terminar con sanciones disciplinarias, fiscales o hasta en la cárcel.
El papel del empresariado, entonces, es buscar que los gobiernos tengan programas de campaña serios y coherentes con la situación económica de país. Deben apostarle a las propuestas y publicitarlas de manera clara, para que la gente del común las entienda. De igual manera deben hacer advertencias sobre lo inconveniente de ciertas ofertas electorales que se convierten en talanqueras de las políticas de pleno empleo que ellos deben liderar. Es desde el sector privado desde donde se deben librar las mejores batallas para que cada persona con las debidas competencias encuentre una vinculación laboral en la formalidad. Y hay que procurar que los negocios callejeros se terminen dando oportunidades a quienes están en esos oficios, a veces lastimeros. El sector privado también tiene que ser garante de los derechos y libertades del pueblo. Para eso deben trabajar en armonía con la Defensoría del pueblo, como parte del Ministerio Público, en los términos del artículo 282 numeral 1º de la Carta Política.
Hay muchas tareas para el sector privado en una economía de mercado como la nuestra “donde la actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común”. Art 333 CP. Y, además, donde “la empresa como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones”. Una de esas tareas es que se mantengan estrictas regulaciones financieras que apoyen la confianza de ahorradores e inversionistas, evitando fraudes en provecho personal o empresarial de quienes regentan esa importante área. Por otra parte la actividad privada en sectores como la salud, la educación y el agropecuario, no puede olvidarse de los más vulnerables por acogerse a criterios de especulación con el único fin del enriquecimiento personal. La función social es básica y en todo momento debe procurarse la mejor distribución de las utilidades en proyectos de apoyo a quienes lo necesiten. Los programas de campaña claros y diferenciados ayudan a la toma de decisiones de las mayorías.
Finalmente, los empresarios deben ser garantes de aportar lo necesario para las jubilaciones que aseguren una vejez digna a todos los habitantes del Estado. Ello fortalece la estabilidad y evita levantamientos sociales como se han visto en otras partes del mundo. Si lo empresarios desean consistencia y apoyo para sus empresas deben cuidarse mucho de entregar auxilios escondidos o fraudulentos en las campañas políticas pues ello puede llevarlos a que los vinculen en procesos penales muy engorrosos que pueden acabar hasta con sus más voluminosos patrimonios. Lo que ha pasado con Odebrecht a nivel mundial y con el carrusel de la contratación en Bogotá son el ejemplo de lo que no deben hacer nunca los empresarios honestos. Desde lo privado, entonces, se puede llevar a lo público un parte de tranquilidad si actuamos con racionalidad, inteligencia y buenas maneras, no permitiendo el abuso del poder, ni los comportamientos inmorales con dineros públicos o privados.
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