El pueblo siempre vive hastiado de que se violen sus derechos y que el Estado absorba tantas funciones que le impidan el ejercicio de sus libertades. La generación actual deriva la conformación del poder público de quienes originariamente lo establecieron mediante diferentes Constituciones, después de las guerras de independencia. Estas son las preguntas que debemos hacernos: ¿Es buena la estructura del poder que tenemos? ¿Hay pesos y contrapesos que limiten el poder de cada una de las ramas y de los órganos creados por la Constitución de 1991? ¿Son realmente independientes las ramas y los órganos del poder existentes y está garantizada su autonomía?
Lo primero que debemos revisar es la última sesión de instalación de la legislatura final de este mandato, tanto del Presidente como del Congreso. El espectáculo fue extravagante al ver a algunos de los legisladores lanzando aplausos cada tres párrafos del discurso presidencial. El Presidente termina y se retira, poco le importa que según el estatuto de la oposición sus integrantes tengan derecho a hablar, expresando sus opiniones en relación con la intervención del mandatario. Poco más o menos, podemos decir que se trató de una falta de respeto y un mal ejemplo del Presidente y sus aliados quien pregona que hay que rechazar a los promotores del odio. Esa actitud demuestra que nuestro Congreso no obedece a una estructura autónoma del poder, que no puede ejercer controles reales y que la independencia es limitada por las relaciones que se generan desde el ejecutivo frente al legislativo, a base de entrega de contratos y cargos públicos.
La Rama Legislativa del poder público es la primera entre las que regula la Carta Constitucional. El artículo 133 expresa: “Los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común…” Una definición moderna de pueblo podría ser: “conjunto de personas que integran el Estado, donde no existen privilegios de raza, sexualidad, religión o estatus económico o social. El pueblo se forma por todos los individuos que según la Constitución y las leyes están en igualdad de condiciones”. Las principales funciones del Congreso están en el artículo 150 de la Constitución. Las normas sientan las bases de una verdadera democracia. Tanto el Congreso, como las demás ramas y órganos deben estar al servicio del Estado y de la comunidad. ¿Será que el Presidente y sus aliados no consideran a los opositores como miembros de la comunidad nacional, ni parte del pueblo, ni ciudadanos colombianos? Precisamente lo que nos distingue como democracia es que haya diferentes voces y partidos que expresen la idiosincrasia de todos los residentes en el país.
Montesquieu lo dijo claro: “todo hombre que tiene poder siente la inclinación de abusar de él yendo hasta donde encuentra límites…para que no se pueda abusar del poder es preciso que, por disposición de las cosas, el poder frene al poder.” Por eso el odio no puede provenir de quien debe ser símbolo de la unidad nacional, pues el Presidente está impedido para despreciar al pueblo de manera particular o general. Por todo lo que pasa en nuestra democracia estamos muy lejos de conseguir la paz entre los diferentes sectores políticos y sociales, si desde el más alto cargo del Estado se están dando muestras de soberbia, ínfulas y arrogancia contra los partidos o movimientos que, al ser oposición, están amparados por la misma Constitución y Leyes que el Presidente y todos los servidores públicos juraron cumplir.
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