Empecemos por recordar a Rousseau autor de El Contrato Social. La teoría del contrato social es utilizada para explicar el origen del Estado. Por eso se supone que las cláusulas del contrato social, logrado de este modo, establecen los derechos y las obligaciones de gobierno y ciudadanos, siendo el Estado la institución que las personas acuerdan crear para garantizar el cumplimiento del pacto en cuestión. Pero en las antiguas comunidades no había Estado, ni gobierno, que se regulaba sobre costumbres ancestrales y la autoridad la ejercía el más viejo y sabio o el más fuerte. Ni siquiera tenían noción de propiedad de la tierra, pues ellos descargaban tal significado sobre los rebaños, pero no sobre el territorio. Cuando nació el comercio de bienes el primero que vio una posibilidad de ganancia fue el gobernante, pues para sostener sus soldados y sus gastos se inventó la tributación como un porcentaje de las utilidades del trabajador de la tierra o de la actividad mercantil. Es decir, hemos sido sometidos por reglas morales y por normas inventadas por los más astutos y sagaces.
El centro de la tesis de Rousseau es que la transformación social se logra mediante la decisión de la voluntad general. No obstante él mismo reconoció que “el hombre nació libre y, sin embargo, vive en todas partes encadenado”. Y al parecer uno de los obstáculos para esa libertad fue la proclamación del derecho de propiedad, que según los historiadores ocurrió cuando alguien dijo esto es mío y puso un cercado alrededor de una extensión de terreno. Pero la historia no nos permite saber cuándo la primera persona dijo “esta tierra es mía; esta tierra es como una parte de mí”. De la propiedad nace la esclavitud y de ella todos los males del ser humano. Por eso la regulación de la propiedad al imponerle a su naturaleza una función social es de profundo calado (Art. 58 CP). Nuestra Constitución también permite la expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Pues bien la verdadera propiedad no es posible sin excedentes en manos del trabajador. De allí que el trabajo para que sea digno debe tener esa particularidad, pues de lo contrario la persona concluye que el esfuerzo de su vida es enriquecer a los demás y no a sí mismo. Esa es una parte del contrato social que debe desarrollarse con claridad, conjuntamente con los demás derechos fundamentales de todos.
Por eso las últimas cifras del Dane dejan mucha tristeza en el ambiente laboral, porque el promedio de la informalidad en Colombia está entre el 47.4% y el 48.6% y en Municipios como Cúcuta 69.1%, Riohacha 66.9%, Sincelejo 65.6%, otras ciudades entre 40% y 42%. Lo más grave es que el 50% de los ocupados no tendrá la posibilidad de lograr una pensión, con lo cual puede suponerse que tendrán una vejez muy dura. Digamos entonces que si el Estado surge de la convención general y los candidatos a Presidente tienen la responsabilidad de dirigir, mejorar la productividad y el empleo, lo lógico es que desde ya los precandidatos estén presentando sus propuestas para lograr el pleno empleo y la garantía de los derechos y libertades, lo cual solamente puede conseguirse con un gran equipo de trabajo, propuestas serias y compromiso de ejecución y honradez a toda prueba. De lo contrario lo que estamos oyendo son “cantos de sirena”, es decir, falsas promesas o exhortaciones ilusorias. Solamente comparando las propuestas de los candidatos sabremos si nos dicen la verdad o nos están engañando.
Se el primero en Comentar