El artículo 2º de la Constitución Política de 1991 dice: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” (Negrillas fuera de texto)
Es altamente contradictorio, entonces, que desde el gobierno se esté negando la posibilidad de que todo el pueblo se exprese antes de tomar decisiones políticas, sociales o administrativas, que afectarán la vida personal y comunitaria de la Nación. El diálogo es una herramienta de los seres inteligentes, conversando las personas debaten sus diferencias y pueden llegar a acuerdos que de otra manera desencadenarían tiempos de violencia. El gobierno tiene la obligación de asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Ello se logra a través de diferentes instrumentos tanto de política pública como de compromisos o negociaciones que tengan como objetivo la armonía social. Una política pública solo se logra mediante el consenso con los ciudadanos y las organizaciones, donde todos puedan expresar de manera abierta, clara y sincera sus diferentes puntos de vista.
No es mediante decisiones unilaterales como se puede alcanzar la paz. Solamente los Estados débiles usan la violencia para expresarse y para demostrar su poder. La falta de fuerza de un Estado está simbolizada en que el gobierno defiende a las minorías representadas por la plutocracia que es menos del 10% de la población total en nuestro país, contra más del 90% de la clase media, media baja y pobre de todas las regiones. Por eso ese 90% no se siente representado en las instituciones existentes, cree que las cosas en el país van mal (85%) y considera que el Estado reprime sus legítimas aspiraciones de ascenso social. Esa misma debilidad es lo que hace que todo acto de protesta sea calificado como terrorismo pues con ese tratamiento el gobierno busca legitimación política. La participación del pueblo sin afectarlo con corruptelas como los mercados en campaña y la compra de votos, es lo que fortalece la democracia, así como la aceptación de la derrota electoral o el reconocimiento de los cambios sociales y económicos de la humanidad de hoy. Ocurrió en Estados Unidos hace poco y está pasando en Perú. Cada país se da sus propias reglas y normas jurídicas para vivir dignamente.
Libertad y control del Estado a la vida de los ciudadanos siempre estarán en permanente tensión, pues mientras estos quieren liberarse de las leyes que los asfixian, las autoridades buscan hacer cada día más riguroso ese dominio. Pero hoy, con las tecnologías de la información, la inteligencia artificial y las redes sociales, es difícil tener el monopolio del poder a menos que los ciudadanos sean títeres sin ninguna racionalidad. Los ciudadanos quieren derechos y libertades y el Estado fue organizado para proteger y garantizar la inmanencia de los mismos. Por eso el gobierno debe hablar siempre con la verdad, sin engaños ni artificios, para tratar de ocultar lo que es palmario y evidente, lo que toda la sociedad sabe y, además rechaza. En una sociedad como la nuestra solamente puede haber ganadores y eso depende mucho del gobierno, que sea capaz de garantizar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes a pesar de los odios que a veces algunos partidos tratan de inocular en sus parciales. La violencia solamente genera violencia y se reproduce en el seno de varias generaciones. Por eso las fuerzas del orden deben ser generadoras de paz y no de guerra.
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