Lo que hacen muchos contratistas y servidores públicos no es solamente una violación a las normas penales y disciplinarias, son un ataque directo al pueblo. Apropiarse de los dineros del erario mediante maniobras fraudulentas deshonra a la administración, a la familia del autor, cómplice o auxiliador y a la comunidad propietaria de esos recursos. Y es importante no generalizar porque en el gobierno encuentra uno personas de irreductible integridad que saben de ética pública y de comportamientos sin mancha. Pero las excepciones tachan la regla y aumentan el ambiente de duda; además, la desconfianza de los colombianos alimenta el criterio de la multiplicidad de ese comportamiento antiético. Todo esto ocurre porque hay personas especializadas en hacer lobby en sectores escogidos para cambiar pliegos, cuadrar licitaciones y trampear actas de obra o de ejecución de actividades inexistentes a todos los niveles. También en el Congreso tenemos especialistas en incluir “articulitos”, que se convierten en cloacas de la desvergüenza. Ellos sí que ayudan a que la contratación sea el foco de atención de Transparencia Internacional y otras ONG que nos miden cada año poniéndonos en nivel deshonroso. Porque la verdad, nuestros organismos de control es más lo que absuelven, archivan y esconden que lo que consiguen en términos de verdad procesal.
Empecemos con los bienes del narcotráfico custodiados por la antigua Dirección de estupefacientes donde un exdirector acaba de ser condenado a 19 años de prisión, por ventas irregulares de bienes inmuebles. Es una de las dependencias más importantes que debería tener protocolos especiales de manejo tanto de los inmuebles como de las joyas, vehículos y dinero efectivo, confiscados por las autoridades. Billones de pesos se embolatan por falta de vigilancia y control, pues quienes están allí representan claros intereses políticos. Varios gobernadores en ejercicio y exgobernadores tienen problemas con la contratación por violación de los principios de planeación, transparencia e imparcialidad, por escoger contratistas para licitaciones amañadas, adiciones de contratos ilegales, falsedades en actas de recibo de obras, interventorías acomodadas con amigos del contratante y del contratista y, también por el uso irregular de la contratación directa. Otro tanto pasa con Alcaldes, con exministros y ministros, gerentes y directores y, especialmente, en la clase política se ven investigaciones por tráfico de influencias de servidor público para el logro de estos mismos fines. Por otro lado se evidencian investigaciones en el sistema electoral con aportes sucios a las campañas, amenazas y presiones al sufragante, fraude en inscripción de cédulas, elección de candidatos inhabilitados, tráfico de votos, posesión ilícita de cédulas y violación de topes o límites de gastos establecidos por la autoridad electoral. En estos delitos se han logrado descubrir las tramas por acuerdos de colaboración con las Fiscalía, pues de otro modo tales hechos hubieran permanecido impunes.
Como se repite una y otra vez, hay bastantes normas para combatir la corrupción pero los organismos de control (Procuraduría y Contraloría) fallan repetidamente en su tarea, y las investigaciones de la Fiscalía terminan en prescripciones y vencimiento de términos, explicaciones absurdas que no deberían darse si se privilegian los delitos contra la administración pública, por la gravedad que ello representa para la democracia, la confianza en las instituciones y el mantenimiento del sistema que tanto defienden las “personas de bien”, que son a veces las que se benefician de este caos organizacional y delictivo. El ejemplo debe partir de las elecciones presidenciales, donde no puede haber una sola mancha sobre aportes ilegales o compra de votos, sigue con el nombramiento de Ministros y otros altos funcionarios, sobre cuya vida no debe haber cuestionamientos o investigaciones pendientes. En este caso específico y sin violar el debido proceso es mejor no nombrarlos en ningún cargo hasta cuando aclaren su situación antes los organismos investigadores. Y finalmente, si un funcionario es cuestionado por actos irregulares, para eso está el contralor que puede pedir la suspensión “verdad sabida y buena fe” guardada de los implicados mientras se decide su caso (Art. 268 numeral 8º Constitución). Medidas inmediatas hay muchas (suspensión provisional del servidor previa apertura de investigación) pero el gobierno se hace el de la vista gorda por defender uno “voticos” así se desconozca la voluntad popular y se quebrante la ética pública baluarte de la democracia participativa.
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