Cuando se les pregunta a los niños qué quieren ser en la vida, dan las respuestas más inverosímiles, pero en el fondo ellos perciben la obligación que tienen los Estados de no ahorrar recursos económicos y sociales, para la salud, la educación, la nutrición y el apoyo integral que les deben. El gasto en los niños es la mejor inversión de hoy por la rentabilidad que se refleja en el futuro. La relación de derechos que trae el artículo 44 de la Constitución de 1991 termina con un inciso solemne: “Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”. El artículo 3 de la Convención de los Derechos de los Niños establece que: “1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. La Corte Constitucional en diferentes decisiones ha reconocido el carácter prevalente de los derechos de los niños y las niñas, poniendo a consideración el grado de vulnerabilidad de los menores y sus necesidades especiales para lograr su correcto desarrollo, crecimiento y formación, teniendo en cuenta que cada uno de ellos demanda condiciones específicas que deben ser atendidas por su familia, la sociedad y el Estado.
Pues bien, a pesar de todo el marco teórico y constitucional frente a los derechos de los niños sus aspiraciones y metas no tienen caminos claros o están bloqueados. Por ejemplo, nacen en un estrato social determinado y para ellos es como un estigma; hay que eliminar esa forma sutil de discriminación. En el tema de salud, son muchos los que mueren por falta de atención oportuna especialmente en sectores alejados de las grandes ciudades donde las limitaciones son evidentes. Y en materia educativa no hay verdaderos objetivos de empleo y desarrollo en el sistema académico vigente. A todo esto le ha salido un nuevo problema y es la migración causada por factores políticos y administrativos que no son atendidos por falta de recursos, no porque no existan sino porque se le da prioridad a temas como la defensa y seguridad, la infraestructura, la protección de personajes y la creación de altos cargos en la burocracia estatal. Hoy la educación no debe depender del ingreso de los padres y más bien el Estado debe orientar todo recurso disponible a las carreras que demanda el mundo moderno como especialista en inteligencia artificial, ingeniería robótica, científico de datos, especialista en seguridad, etc. La contratación de estos puestos ha crecido el 74% en los últimos 4 años.
A los pobres y a la clase media les interesa mucho que el gobierno sea eficiente y eficaz, que el dinero público no se despilfarre, y que se le dé un uso adecuado de acuerdo a las necesidades de la población. Que haya indicadores de gestión y resultados, para analizar el cumplimiento de planes, objetivos y metas. Pero hay un especial propósito en la vida de los niños y es que haya muchas actividades deportivas con las que puedan desarrollar sus mentes y sus cuerpos. Pero lo que uno ve es que las instalaciones se construyen con criterios políticos y luego se abandonan a la maleza y a la manigua, al oxido y la moho, porque no se cumple con la obligación legal de apropiar los dineros para el adecuado funcionamiento según lo ordena el artículo 17 del Decreto 111 de 1996, el llamado estatuto orgánico del presupuesto. ¿En realidad, para qué nos sirven los organismos de control si ni la Procuraduría ni la Contraloría defienden los derechos de los niños? ¿No sería mejor suprimirlos y con ese dinero atender al desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes?
Se el primero en Comentar