ESTADO Y LIBERTAD DE EMPRESA

La jurisprudencia define la libertad de empresa como “aquella (…) que se reconoce a los ciudadanos para afectar o destinar bienes de cualquier tipo (principalmente de capital) para la realización de actividades económicas para la producción e intercambio de bienes y servicios conforme a las pautas o modelos de organización típicas del mundo económico contemporáneo con vistas a la obtención de un beneficio o ganancia.  También ha dicho la Corte que dicha autonomía “se fundamenta en la libertad de organización de los factores de producción, la cual incluye la libertad contractual, que ejercida por el sujeto económico libre, atiende la finalidad de que en el mercado confluya un equilibrio entre los intereses de los distintos agentes”. En esa posibilidad se aprecia una opción, acogida por el constituyente, para hacer compatibles los intereses privados, que actúan como motor de la actividad económica, con la satisfacción de las necesidades colectivas. (C-830/10).

El desafío para los comerciantes e industriales más poderosos es que la globalización tiende a menguar el dominio de las grandes empresas y, también, pone en peligro la estabilidad del empleo. La pandemia de Covid19 nos puso aceleradamente en una era de digitalización de todas las actividades diarias, que hizo evolucionar los mercados y está generando empresas volátiles. Seguirán naciendo y muriendo muchos proyectos dejando en la vida de sus emprendedores solamente sueños u deudas. Todos los estudios demuestran que el 1% de los más ricos cada día se enriquecerán más y no importa lo que hagan su futuro está garantizado. Eso también nos lleva a reflexionar sobre el futuro de la clase media que ostentaba cargos de dirección en esos conglomerados y ganaban salarios superiores a los US$5.000 mensuales, porque tales prebendas pueden pasar a manos de un especialista en digitación, sin que se requieran mayores calificaciones laborales para hacer lo mismo que cumplía un ejecutivo de nivel alto o medio. La crisis social puede cambiar para ser peor que hoy y eso puede generar reacciones poco convencionales en ese segmento de la población. Las estadísticas están probando que en los últimos 20 años la clase media no ha mejorado económicamente y ese es un problema que debe resolverse.

La otra dificultad es que los costos laborales y de producción hacen que el cambio sea necesario porque el inversor desea aumentar sus ganancias y, por tanto, los gastos y el empleo se moverán hacia costos más bajos, hacia países con más garantías para el capital. Podemos ver que los gobiernos ponen todas sus expectativas en los altos tributos a la vivienda, lo que eleva su costo. Pero lo más grave es que el gasto público está desbordado y el gobierno no parece con la intención seria de reducir sus mano despilfarradora. El gran interrogante es si las nuevas generaciones ganarán lo suficiente para financiar un Estado megalómano, que considera al ciudadano como la fuente primaria de sus ingresos, sin que la propia burocracia sea productiva y eficaz. Por eso es importante que los empresarios hagan la diferencia mejorando la administración del Estado, no solamente pagando impuestos sino ejerciendo un poder especial de control sobre el gasto excesivo de los gobiernos. (Arts. 333-334 CP)

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