¿EN EL GOBIERNO SABEN QUÉ SON DERECHOS FUNDAMENTALES?

No hay Estado sin pueblo, tampoco gobierno sin pueblo. El objeto del derecho no es el Estado sino el pueblo, por eso debería ser exótico que lo que buscan las normas sea rodear de garantías el poder estatal y no los derechos del pueblo. Los elogios que se le hacen a la Constitución de 1991 son superficiales y en algunos casos parecen escritos o expresados por personas que no tienen la calidad de abogados y menos de litigantes, que son las personas que viven día a día el derecho. No es lo mismo ser académico que estar en los despachos judiciales sufriendo las demoras y las afugias de los términos judiciales, que se vencen para el abogado, no para los jueces. El texto constitucional está ahí, pero para los gobernantes solamente prevalece su voluntad. Las sentencias de la Corte pueden ser muy bonitas y llenas de contenidos humanísticos, ontológicos, éticos y teleológicos. Pero la vida real es otra muy diferente cuando se desconoce el término para responder un derecho de petición, cuando no llega la ambulancia para recoger al paciente que se está muriendo, cuando no despachan los medicamentos en la EPS, cuando la investigación por el hurto no da resultados, cuando no construyen el puente que han de transitar niños buscando su escuela o colegio rural, cuando no arreglan las vías, cuando se despilfarra el dinero público y no hay intervención de los organismos de control y, peor, cuando llegan las lluvias y el agua se lo lleva todo, hasta la vida. El gobierno debe entender que hay derechos de primera, segunda y tercera generación, y otros muchos que son inherentes a la persona humana, que no puede negarlos ni violarlos. (Art. 94 CP)

La Constitución de 1991 trajo un cambio en el modelo jurídico, pero las herramientas para hacer efectivos todos los derechos allí consagrados son mínimas. Por ejemplo, ¿cómo es posible que un proceso ejecutivo basado en una sentencia judicial dure 10 años, entre los cambios que se dan en los despachos de descongestión y los de conocimiento? Todo cambio representa más eficacia y eficiencia, estructuras dinámicas, diligentes, ágiles, y más simples. Lo que ha pasado con la Carta de 1991 es que sirvió para hacer un Estado más complejo y ajeno a las necesidades del pueblo. El proceso de burocratización se aceleró para complacer la politiquería y el control de resultados desapareció en medio de la contratación privilegiada de unos cuantos empresarios que han cartelizado los negocios con el Estado. La Constitución buscó sustituir el antiguo régimen autoritario por otro que debería garantizar la libertad de los ciudadanos frente a los poderes públicos, eliminando todo acto arbitrario o de fuerza contra las personas. Y para ello es bueno recordar el artículo 16 de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 que dice: “Una Sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución.” Si el pueblo tiene que salir a las calles a reclamar sus derechos, es porque la Constitución y su gobierno están fallando en materia grave.

El problema de fondo en Colombia y en otras partes del mundo es que el Congreso, a quien corresponde expedir las leyes, códigos y demás disposiciones, está al servicio de la “elites gobernantes” que desde la independencia monopolizan el poder. Luego, las normas protegen esos privilegios de los financiadores de las campañas, cuyo costo es imposible para cualquier persona independiente. La solución sería financiación estatal de la política, sin posibilidad de que los particulares usen su dinero para manchar la democracia. Eso evitaría que la mala imagen del Congreso fuera tan alta como hoy que supera niveles del 75% de desfavorabilidad y desconfianza. El primer paso, entonces es cambiar el Congreso con gente nueva, honrada y dedicada exclusivamente al servicio del pueblo y de los intereses generales de la sociedad.

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