Estamos en el siglo XXI y el gobierno vive entre los siglos XIX y XX. Falta pues formación intelectual y profesional para admitir que el mundo cambió. Ninguna Nación desarrollada admite hoy violaciones flagrantes a los derechos humanos. La persona es inviolable, sus derechos son intangibles. En cualquier libro de historia universal encontramos un recuento de la vida de Dracón, quien ocupó el cargo de Arconte epónimo en Atenas. Un día como todo tirano, le dio por codificar las normas de la ciudad, pero en el tema de sanciones impuso la pena de muerte por cualquier delito. Cuando el pueblo se quejó simplemente dijo: “absteneos de violar esas leyes y así evitaréis la muerte”. A esas leyes fuertes se les empezó a dar el calificativo de “draconianas”. Eso ocurrió 600 años antes de Cristo. Y lo aterrador es que un Presidente en funciones en Colombia hoy amenaza a la población hambrienta que se manifiesta en las calles por la incapacidad del gobierno de dar soluciones a los problemas nacionales con una ley anti vandalismo, que suponemos va a ser un abrigo para que las fuerzas de seguridad del Estado puedan abusar de su poder y cometer otros desafueros como los ya denunciados por la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH). Eso ya se ensayó con el Estatuto de Seguridad y las cosas salieron muy mal.
No se entiende que un Presidente esté rodeado de Ministros tan poco calificados para el cargo que no lean las sentencias de la Corte Constitucional, relacionadas con las normas de convivencia. Por ejemplo la C-281 de 2017, donde la Corporación judicial sostuvo: “La actividad de policía está sometida al debido proceso. Es un aspecto que ha sido claro desde el inicio de la jurisprudencia constitucional. En la Sentencia C-024 de 1994, por ejemplo, la Corte estableció que “[…] es esencial que estos procedimientos policiales se efectúen dentro del estricto respeto de los derechos humanos. De ello depende no sólo la seguridad ciudadana y la legitimidad de la acción de las autoridades sino incluso la propia eficacia de la investigación y sanción de los delitos. […] Además, la sociología criminal ha mostrado que la eficacia en la lucha contra el delito depende en gran medida de la confianza que la población tenga en las autoridades, la cual deriva del actuar conforme a los derechos humanos de estas últimas.” La verdad, no se necesita ser un genio para entender palabras tan sencillas, pero profundas. Si el procedimiento policivo sale mal se afecta la responsabilidad en el delito. La Corte en esa misma providencia dijo: “Las Fuerzas Militares no deben participar en operativos de control o contención de las movilizaciones sociales terrestres, pero sí en operativos de garantía de realización de las mismas, cuando la intervención se justifique dentro del marco de sus funciones constitucionales”.
Por todo lo anterior algunos autores contemporáneos piden que desaparezca el derecho penal como un privilegio del Estado, pues las normas deben aprobarse en beneficio de las víctimas. Todas aquellas disposiciones que impliquen sanciones deben procurar primero el resarcimiento del afectado, pero lo que está ocurriendo es que el Estado sanciona, se queda con las multas impuestas, pero la víctima además del daño sufrido es revictimizada con los engorrosos y lentos procedimientos judiciales. Las normas deben obedecer a claras políticas públicas y estas se toman en consenso con la sociedad, no en los escritorios de la Presidencia, de los Ministerios o de asesores pagados con millonarios contratos que desconocen la realidad nacional. Seguir la vía facilista de que todo se castigue con cárcel es regresar al oscurantismo dieciochesco al que algunos partidos y líderes de opinión nos quieren regresar, para proteger a la “gente bien” y no al pueblo que trabaja para ellos en beneficio de todos.
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