Los procesos electorales en Colombia han cambiado bastante y lo importante es castigar a los traficantes de votos y a los aportantes a campañas que quieren comprar todo con dinero. Desde la llamada papeleta hasta el tarjetón electoral hemos llegado a un punto clave como es la digitalización de los documentos que producen los jurados de votación, (Formulario E14- o formulario de mesa) que recoge la voluntad primaria de los electores. Después los resultados pasan al formulario E24 que recoge información de los E14. Muchos procesos electorales se han anulado por dolo en el registro de votos en uno u otro documento. Lástima que a pesar de que el parágrafo del artículo 264 de la Constitución ordena el trámite del procedimiento en máximo un año en los procesos de 2 instancias y de 6 meses en los trámites de única instancia, los jueces no cumplen, porque no tenemos una Procuraduría comprometida con la democracia participativa y más bien muchos de sus servidores son actores políticos en defensa de intereses particulares. Eso tiene que cambiar, porque si no se cumple un mandato directo de la Constitución, qué se puede esperar del respeto a las demás leyes.
Dentro de las autoridades electorales está el Consejo Nacional Electoral, sometido a desconfianza pública por su origen político, pero es de esperar que sus integrantes sometidos a todas las normas disciplinarias y penales sean dignos de ese oficio, pues dentro de sus funciones está “ejercer la suprema inspección, vigilancia y control de la organización electoral” (Art. 265 numeral 1º Carta Política), garantizar la verdad de los resultados del proceso administrativo (numeral 4º), el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos, derechos de la oposición y de las minorías, y el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías. (numeral 6º). Esencial es que dicho Consejo evite que haya manipulación sutil o abierta de la voluntad pública para que los electores puedan serenamente y sin presión externa reflexionar sobre la decisión que hayan de tomar en las urnas. No son superiores jerárquicos del Registrador pero deberían saber todos los integrantes del Consejo qué está haciendo el funcionario con los billonarios recursos asignados, cómo los contrata, con quién y qué pasa con la nómina.
Y, por cierto, en el proceso electoral deben entenderse como plenas garantías las relacionadas con la posibilidad de que cada candidato pueda exponer su programa sin interferencias de los demás, hacer publicidad electoral seria y verdadera sin exageraciones ni embustes, financiación de campañas respetando el principio de igualdad electoral, control a los topes máximos para evitar la trampa con aportes ocultos, encubiertos o anónimos, designación imparcial de jurados de votación, nombramientos por invitación pública de todos los auxiliares que la Registraduría deba nombrar de manera temporal para el proceso electoral, resultados públicos y oportunos con auditoría de los partidos y de veedores internacionales en caso necesario e intervenciones sin sesgos políticos a favor o en contra de los candidatos. Es muy importante que se sancionen de manera oportuna todos aquellos ataques personales o que inciten a la violencia, o que deformen lo dicho por otros aspirantes, para entorpecer el voto del elector o que inventen tesis o comparaciones despectivas con propios o extraños.
La polarización que existe en materia política se ha trasladado a todos los niveles de la sociedad y esa situación reclama acciones extraordinarias para evitar que se desborden los ánimos de la opinión pública, como ha ocurrido recientemente en otros países, convocando reuniones periódicas de los medios de comunicación para advertir sobre posibles violaciones de las normas electorales, que por su exceso en número, es difícil que toda persona las conozca. Y uno de los puntos cruciales es el ataque de cualquier campaña imputando actos de “fraude electoral”, anunciados sin pruebas y sin haber puesto primero en conocimiento de las autoridades electorales o de la Fiscalía los hechos correspondientes. Actuar con rapidez y con energía es clave si queremos evitar que la farsa, la trampa o la fuerza se impongan en las elecciones de 2022 y tengamos otros cuatro años de inercia oficial, protestas y venalidad.
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