Albert Einstein dijo que “el ejemplo no solamente es la mejor manera de enseñar, es la única.” Y esta frase, cobra especial sentido cuando se habla de la relación entre un gobernante y su pueblo. El que gobierna debe ser el primero en trabajar duro, en asumir las responsabilidades que amparan su posición y, sobre todo, hacerlo con transparencia, ética y autenticidad. La situación que está viviendo Colombia reclama un líder que entienda que “la paz es un derecho y un deber”, no uno que se sostenga en el poder de las armas. Esa debería ser una decisión extrema en caso de guerra exterior. La redefinición del concepto de soberanía, la revaloración del papel del ciudadano y la profundización del modelo de democracia participativa plasmados en la Constitución de 1991, son genuina expresión del mandato que el pueblo confirió a la Asamblea Nacional Constituyente, de propender por el “fortalecimiento de la democracia participativa”.
En numerosas providencias la Corte Constitucional ha desarrollado el significado y alcance del postulado democrático que se consagra en la Carta Política de 1991. Así, en la revisión constitucional del proyecto de ley estatutaria sobre partidos y movimientos políticos, la Corte Constitucional al analizar detenidamente este principio, expresó: “El fortalecimiento y la profundización de la democracia participativa fue el designio inequívoco de la Asamblea Nacional Constituyente, luego traducido en las disposiciones de la Carta Política que ahora rige el destino de Colombia y de las que se infiere el mandato de afianzar y extender la democracia tanto en el escenario electoral como en los demás procesos públicos y sociales en los que se adopten decisiones y concentren poderes que interesen a la comunidad por la influencia que puedan tener en la vida social y personal. La democratización del Estado y de la sociedad que prescribe la Constitución no es independiente de un progresivo y constante esfuerzo de construcción histórica que compromete a los colombianos, en mayor grado, desde luego, a las instituciones públicas y a los sujetos privados que detentan posiciones de poder social o político y de cuyo resultado se derivará la mayor o menor legitimidad de las instituciones, no menos que la vigencia material de la Carta y la consecución y consolidación de la paz pública.
El gobierno no hizo un juicio adecuado de la situación social del país antes de presentar la reforma tributaria al Congreso. Tampoco lo ha hecho en los temas relacionados con la austeridad del gasto público o la corrupción y, menos, sobre la capacidad de protesta del pueblo colombiano. El gobierno está obligado a tomar las mejores decisiones, es decir, aquellas que se relacionen con la solución de los problemas reales de la ciudadanía.
Presentar la reforma tributaria fue un error por las difíciles condiciones que estaban atravesando las familias y empresas sin excepción alguna. Hasta el más imprudente habría optado por recortar los gastos superfluos o innecesarios y afrontar aquellas situaciones de urgencia social, que ya se habían manifestado mediante las exhibición de “trapos rojos” desde las ventanas de los hogares más necesitados. Pero el gobierno nacional ha aprovechado la situación con claros tintes politiqueros, buscando una ventaja que seguramente no se verá reflejada en las urnas el próximo año. Y para colmo de todos los males, viendo la reacción de los jóvenes, sus madres y adultos mayores, dejó de oír el clamor popular y se desconectó de la realidad nacional. Ahora, cuando debería abrir los canales del diálogo se enfrasca en una tesis que ningún negociador le aceptará: tu dejas al gobierno en paz y yo me siento a negociar porque de lo contrario te mando la fuerza pública.
Creo como todos los constitucionalistas que se han pronunciado que la Carta de 1991 no es la misma de 1886. La que nos rige es la Constitución de los derechos fundamentales, no la de los privilegios del poder. En otros países antes de abruptos cambios de gobierno muchos en el poder y en la calle advirtieron de las amenazas que se cernían sobre la democracia y los poderosos no hicieron caso porque tenían el apoyo de sus ejércitos, pero eso hoy no sirve frente a las turbas embravecidas que reclaman sus derechos, consagrados en la ley fundamental de la Nación. Por eso, la negociación siempre será un medio usado por las personas inteligentes, a cambio de la fuerza o de las armas.
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