La última encuesta Datexco (jun 22/21), evidencia el decepcionante resultado de quienes votaron por Iván Duque para Presidente. No se rodeó de los mejores para ser Ministros, acudió a sus condiscípulos y amigos para dotar de instrumentalidad a un gobierno cuyas exigencias eran más dentro del grado de polarización que recibía a Colombia. Necesitaba gente experimentada no tecnócratas y reinsertados burócratas de administraciones anteriores que nada tenían para mostrarle a estas generaciones de jóvenes que aspiraban a un futuro mejor. Y lo peor es que ya no hay tiempo para enderezar el camino a casi un año de terminar el mandato, con aspirantes de todos los colores y tendencias para sucederlo en la casa de Nariño. Cualquiera, por malo que sea, será mucho mejor.
La promesa de Campaña. Si por alguna razón se crearon las organizaciones monárquicas y estatales de la antigüedad fue por brindarle seguridad y justicia a las personas. Pero hoy con el desgaste y desfavorabilidad de nuestra fuerza pública hace falta un timonazo hacia el respeto por los derechos humanos y por la profesionalización real de quienes la integran. En cuanto a justicia vamos de mal en peor, pues una de la promesas de campaña fue “Fortalecer la toma de decisiones con índices y estadísticas concernientes a la justicia, tales como el número de delitos en cada población, quejas y tutelas en salud, problemas entre familiares, en miras de promover un sistema efectivo en el cumplimiento de las sentencias y soluciones jurídicas.” (Programa #16.C”). Y eso podría haberse hecho en la primera semana de gobierno con un buen Ministro de Justicia conocedor y competente, y para ello bastaba un simple decreto reglamentario o una coordinación con la Judicatura, para integrar equipos de trabajo expertos en estadística digital, o con el mismo DANE, para lograr un impulso eficiente y eficaz a este punto.
Pronta y cumplida justicia. La cacareada reforma de la justicia que ni es reforma, ni busca una justicia “pronta y cumplida”, no dejó contento a nadie, salvo a los manzanillos del poder que ven en la norma un mecanismo de inflación burocrática, con ayuda para la Defensoría del Pueblo, personerías y Comisarías de Familia, para satisfacer intereses politiqueros de la próxima campaña electoral. Faltó más control a la corrupción judicial, quitar funciones políticas a las Cortes, fortalecer la meritocracia con transparencia en los exámenes y en las entrevistas, crear una sala en la Corte Suprema que juzgue al Presidente y a los altos dignatarios pues los políticos de la Comisión de acusaciones no tienen vocación de abogados ni de jueces, premiar la eficiencia en la producción de fallos en cantidad y con calidad, exigir exámenes de actualización cada 4 años para permanecer en la rama, verificar con exámenes de conocimientos específicos el ingreso a las altas cortes. En fin, falta resolver lo de la violación a la regla fiscal pues el Ministro de Hacienda dijo que no había dinero para la financiación de la reforma y el Ministro de Justicia ignoró ese llamado escrito, lo que pone en duda su capacidad de comunicación en el gabinete. El texto lo han criticado Asonal Judicial, expresidentes de las Altas Cortes y, además, litigantes y colegios de Abogados. Hasta Germán Vargas Lleras dijo que era una reforma gastada y de mala calidad ¡Qué locura!
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