Una democracia moderna debe caracterizarse por la defensa integral de los derechos de las personas. Las Constituciones los llaman derechos de primera, segunda y tercera generación. Son los derechos fundamentales, los derechos sociales, económicos y culturales y los derechos al ambiente sano, a la seguridad social, a las tecnologías de la información y demás instrumentos que la sociedad va creando para el goce y disfrute de los seres humanos que viven en comunidades organizadas. La nuestra no es una verdadera democracia, es un cuadro reflejo de ella, pero manipulada por quienes están en el poder. Hay que empezar por la organización del Estado, que es una maquinaria paquidérmica o ralentizada, la única velocidad que se le conoce es la del cobro de tributos, tasas y contribuciones y el gasto excesivo. El derroche está en primer lugar. Todos los procedimientos están hechos para proteger la mora y el poder de los servidores públicos. El silencio administrativo positivo es excepcional, cuando debería ser todo lo contrario. El Estado ha limitado los beneficios a los ciudadanos, mientras el gobierno amplía los suyos. Es una fiel copia de la monarquía francesa del rey Luis XIV.
La justicia era simple y humilde. Los jueces ganaban módicos salarios, pero ahora los apetecidos sueldos y las primas en vez de acelerar la justicia la han convertido en un camino de prescripciones y vencimiento de términos en beneficio de los tramposos y de los manipuladores de los procedimientos. Los jueces han perdido la autoridad y no ejercen los poderes para imponer castigos a quienes se burlan de las fechas fijadas o de las diligencias que se programan. Basta mirar los registros de la judicatura para probar que un auto de tres (3) renglones demora hasta 6 meses en el Despacho de un juez o magistrado. Y muchas providencias se limitan a hacer transcripciones de jurisprudencias anteriores y en una corta consideración tratan el asunto concreto a resolver. Las mayoría de servidores judiciales se dedican a la docencia, quitando tiempo precioso a su trabajo. Ahora, bien si lo hacen gratis que dediquen el tiempo después de la jornada laboral a enseñar lo que saben o que lo hagan los fines de semana.
El Congreso no legisla en favor del pueblo colombiano porque en cada ley hay uno o varios “micos” que benefician a sectores en particular, pero no se aprueban las leyes únicamente en el interés general del pueblo. Es una de las ramas más desprestigiadas del país. Sus privilegios y costos evidencian la necesidad de una reforma a fondo para eliminar lo que sobra de todos sus excesos. Y, finalmente, los organismos de control, la Defensoría del pueblo y la Fiscalía se han convertido en haciendas burocráticas, donde llegan los amigos del gobierno y del Congreso y, en casos relevantes como la Registraduría, se llenan de amigos de los Presidentes de las altas Cortes que escogen al funcionario con más burocracia y recursos en temporadas electorales, de los cuales dispone a su antojo. ¿Son esas las instituciones que queremos conservar o son otras más transparentes y al servicio del pueblo las que todos los colombianos desean? Por todas estas razones las elecciones de 2022 son importantes para lograr una verdadera democracia y salir del statu quo que consume riqueza estatal, creatividad, innovación y empresas de vanguardia que hoy son de propietarios extranjeros.
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