¿CONSPIRACION CONTRA COLOMBIA?

El gobierno ha venido afirmando que desde el exterior hay una conspiración contra Colombia y su democracia. Esta declaración es muy particular porque lo menos que los ciudadanos pueden pedir es que se muestren las pruebas, ya que dicha trama pasa de ser privada a pública y mucho más cuando el verdadero afectado es el pueblo colombiano. Las teorías de la conspiración “han pasado de ser una leyenda para convertirse en la política de los Estados y de sus dirigentes políticos” (Castillón 2006). Si los voceros de tales intrigas lo que expresan es que se están cometiendo delitos contra la existencia y seguridad del Estado, deberían denunciar los hechos ante la Fiscalía para que ella se encargue de investigar y entregar los informes correspondientes a todos los interesados y así evitar que se difame la institucionalidad que cuida y guarda al establecimiento. La conspiración en boca de un experto es nada más ni nada menos que un concierto para delinquir en los términos que los voceros del gobierno lo están poniendo. Porque otra cosa es que se trate simplemente de una fábula de las que se inventan los politiqueros para distraer a la opinión pública de los verdaderos problemas nacionales.

Las principales teorías de conspiración contra Colombia, según analistas, son divulgadas por voceros oficiales y miembros de los partidos de gobierno. En ellas encontramos que supuestamente detrás de las protestas hay miembros de las milicias urbanas del ELN, de las disidencias de las FARC, de la Juco, agentes infiltrados de Cuba y Venezuela, e incluso un expresidente y diputados de Argentina que vinieron a sembrar la tesis de “tumbar a Duque”. Pero los autores de la teoría de la conspiración solamente son voces de personas que pueden estar incurriendo en injuria o calumnia indirectas por usar expresiones como “se dice, se asegura u otra semejante”. Ahora bien, si se trata de un delito de mayor entidad la Fiscalía debería proceder de oficio y terminar con tanto comentario y dicho especulativo que solamente crea zozobra e incertidumbre y que pretende afectar los procesos electorales en curso o los que se realizarán el año 2022. A esas elecciones los ciudadanos deben llegar sin miedo, y con toda la claridad mental necesaria para defender la democracia, la Constitución y la integridad territorial. Los voceros o autores de las teorías conspirativas contra la democracia, por ser falsas, deberían ser sometidos a proceso penal como corresponde a quien comete un delito.

Esa es la desgracia de las democracias que van perdiendo su perfil de tales y se van convirtiendo en países o zonas con el dominio de un solo partido o de una coalición de partidos que se unen para controlar el poder y los dineros públicos y que, además, se los reparten sin ninguna vergüenza en provecho propio o de sus amigos. Los procedimientos de contratación amañados, las decisiones que aparentan cumplir la ley pero que en realidad tienen un objetivo diferente, no son otra cosa que desviaciones de la voluntad del legislador y una violación clara de la voluntad del Congreso que define reglas para que todos respetemos. Las desviación de poder según nuestras altas Cortes ocurre “cuando el acto si bien fue expedido por órgano o autoridad competente y con las formalidades debidas, en realidad persigue fines distintos a los que ha fijado el ordenamiento jurídico”. Lo propio ocurre con las teorías de la conspiración que se usan para provocar un efecto político y no jurídico como debería ser. Es decir, cuando en vez de generar una investigación contra actores concretos se pone a flotar la duda sobre hechos inciertos que producen inquietud y a veces aflicción en las personas afectadas por falsas hipótesis. Los organismos electorales y de investigación deberían procesar a todos aquellos que difundan teorías conspirativas sin sustento probatorio alguno, pues ya sabemos que su finalidad es dañar el buen suceso de elecciones presentes o futuras.

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