El 29 de mayo de 2021 se abrió el proceso de inscripción de cédulas de ciudadanía, el cual se extenderá hasta el 29 de marzo de 2022, es decir, dos meses antes de las elecciones. Este acto que parece elemental es de la mayor importancia para ingresar al censo electoral, sin lo cual las personas hábiles no serán tenidas en cuenta para sufragar en una elección. La ley 1475 de 2011, definió en su artículo 47 el censo electoral como “el registro general de las cédulas de ciudadanía correspondientes a los ciudadanos colombianos, residentes en el país y en el exterior, habilitados por la Constitución y la ley para ejercer el derecho de sufragio…” La inscripción es el acto que requiere para su validez la presencia del ciudadano y la impresión de la huella del dedo índice derecho del inscrito, en el correspondiente documento oficial… (Art. 78 Código Electoral). Para conocer el sitio de votación basta ingresar a la página Web de la Registraduría Nacional del estado Civil y buscar el puesto de votación. Hoy, mucha información electoral puede llegar a un alto porcentaje de individuos vía internet.
La abstención electoral en Colombia es aproximadamente del 40% para corporaciones públicas y del 50% para Presidente de la República. Eso nos demuestra la poca importancia que se le da a los procesos electorales por parte de casi la mitad de los colombianos, especialmente por los jóvenes. Pero después de las elecciones esas mayorías silenciosas se quejan de todo, especialmente de la deshonestidad en el manejo de los recursos de su Municipio, Departamento o de la Nación, o de ejecución de obras innecesarias, o de la politiquería que impide el desarrollo de las regiones. El compromiso del ciudadano es ejercer sus derechos políticos detallados en el artículo 40 de la Constitución Nacional. Entre ellos elegir y ser elegido y tomar parte en elecciones y otras formas de participación democrática. En la Carta de 1991 se pasa de la democracia representativa a la democracia participativa. Ello implica que los administrados no se limitan a votar cada cierto tiempo sino que tienen una injerencia directa en la decisión, ejecución y control de la gestión estatal en sus diversos niveles de gobierno. En este sentido, con el fin de permitir el tránsito de una democracia representativa a una democracia participativa, la Constitución creó los mecanismos para que ésta se lleve a cabo, y amplió los campos de intervención de los ciudadanos en las decisiones políticas para que su resultado sea real y efectivo.
Es responsabilidad, en primer lugar de los partidos, promover las inscripciones de cédulas para que el mayor número posible de ciudadanos participe e intervenga en todos los certámenes electorales que se convoquen; en segundo lugar, es un deber de los ciudadanos participar en la vida política, cívica y comunitaria del país. (Art. 95 CP). Los partidos cometen muchos errores en su accionar electoral, pues cuando convocan las reuniones de sus seguidores se dedican a pronunciar discursos insulsos, pero no hacen pedagogía electoral y política. Su primera tarea es presentar argumentos elementales, que las personas entiendan qué es la política partidista y a qué se comprometen los partidos una vez ganan el poder. Otro aspecto fundamental es que los partidos actúen como veedores y jueces de sus propios elegidos en las corporaciones y en los cargos del Estado, imponiéndoles ciertos deberes éticos, como respetar los haberes del erario e invertirlos solamente en lo que permitan las normas respectivas y si no lo hacen obligarlos a retirarse de los cargos y a recibir las sanciones que señalen los estatutos. Un funcionario cuestionado por la ciudadanía o por los medios de comunicación no le hace ningún bien a un partido. Por eso debe exigirse un comportamiento ético a toda prueba y, además, el respeto a los derechos ajenos y no abusar de los propios. Con el buen o mal manejo del procedimiento de inscripciones y su verificación se ganan o pierden las elecciones.
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