Los estudios económicos en Colombia aseguraban que el conflicto armado costaba al año 4 puntos porcentuales del PIB. Ello incluía la combinación de homicidios, desplazamientos, atentados contra la infraestructura, secuestros y demás formas de violencia. Firmada la paz con las Farc que era el mayor grupo insurgente se suponía que el gasto militar iba a descender. Pero para 2021 hay US$ 567 millones en el presupuesto de defensa para inversión. El gasto no ha dejado de crecer, lo cual implica que nuestra tendencia es a mantener la guerra así sea contra un enemigo invisible. Uno de los temas importantes para el país es el replanteamiento del gasto público y que el presupuesto General de la Nación no sea considerado como un botín por parte de las castas políticas. Se ha repetido en muchos foros, documentos y versiones internas y del extranjero que la corrupción en Colombia le cuesta al erario $55 billones y que las exenciones tributarias que no están soportados en investigaciones del mercado interno valen $83 billones. Por otra parte se afirma que un paro cuesta al día 0.7% del PIB.
Sobre los grandes hechos de corrupción vale recordar el mayor de ellos, promovido por la empresa Odebrecht en campañas políticas y contratación de grandes obras públicas, seguido del daño al patrimonio de Reficar, los escándalos de corrupción por uso indebido de la urgencia manifiesta y los sobrecostos en contratación durante la pandemia, la corrupción en la Cuarta Brigada del Ejército, las capturas de funcionarios de la Dian para facilitar el contrabando por Buenaventura, las contrataciones irregulares de Fonade conocidas como” mermelada tóxica”, los movimientos extraños de dinero en efectivo para las elecciones que tumbaron a la Senadora Aida Merlano, las investigaciones por las compras de raciones para las fuerzas militares a empresas cartelizadas, las falsedades en la Triple A y la llamada operación acordeón, el cártel del Sida, el cártel de los locos y el cártel de la toga, etc., detrimentos que afectan el patrimonio público y la moral de la sociedad y que no paran en la administración pública.
Si todos esos recursos se aplicaran con honestidad al progreso y desarrollo nacional no veríamos a los jóvenes protestar en las calles porque no tienen recursos para pagar sus estudios, o porque los recursos de la salud los están desapareciendo de maneras insospechadas, ya que cada día se inventan formas más sofisticadas de convenios leoninos mediante contrataciones directas cuyas investigaciones a nada conducen, pues los organismos de control y la propia Fiscalía están maniatados por la politiquería. A eso se suma que los concursos o invitaciones para el acceso a la administración pública son una farsa, porque de antemano ya se sabe quiénes serán los escogidos, lo que conduce a la inferencia de la manipulación y la falta de transparencia de los procesos y procedimientos, que cierran el ascenso social y la posibilidad de llegar al servicio público de gente nueva que permita el cambio de las cosas que están mal hechas.
Los jóvenes no entienden las diferencias abismales entre el ingreso de un obrero y los altos cargos del Estado, los privilegios institucionales de quienes nada producen frente a los que hacen mover la economía, las barreras de acceso a la salud y la educación, la negativa de quienes están en el poder para cambiar el statu quo lleno de injusticias, el monopolio de las decisiones públicas en ciertas familias del centro y de la periferia, que todo lo escogen y lo resuelven a dedo. Y a veces los jóvenes se encolerizan cuando leen la Constitución de 1991 que los llena de derechos pero que son negados por los gobiernos con la excusa de que no hay recursos, cuando ellos ven el despilfarro en la dirección del Estado a todos los niveles. Si de verdad hay un Presidente en Colombia debe actuar, como símbolo de la unidad nacional, para corregir los entuertos que exaltan los ánimos de toda la población. De lo contrario el país seguirá su rumbo cuesta abajo y todos lo pagaremos muy caro. (www.elpoderdelderecho.com)
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