Hay temas que por su naturaleza solamente pueden ser tratados por personas que conozcan la materia. Entre ellos están los peajes y las concesiones. El contrato de concesión ha servido para enriquecer a muchos, pero el resultado de los mismos es deficiente para el pueblo colombiano. En efecto, las concesiones han sido utilizadas fundamentalmente para construir carreteras, ampliarlas, mejorarlas y completar tramos no terminados. El problema no es el texto de la norma sino la irresponsabilidad de las entidades estatales al contratar o designar de su personal a los encargados de la vigilancia y control de la ejecución del contrato. En la interventoría está la clave de toda la contratación estatal.
Por las carreteras se moviliza más del 70% de la carga del país y más del 80% de pasajeros. Dicha concentración es preocupante en cuatro aspectos según estudios especializados, a saber: 1) el modo vial cuenta con una pobre calidad en materia de infraestructura, lo que genera altos costos de transporte; 2) al contar con una red vial sobrecargada se presenta un mayor deterioro de la infraestructura y una serie de problemas logísticos como la congestión o las demoras que, igualmente, se traducen en sobrecostos; 3) se restringe la especialización en nuevas modalidades de transporte, diferentes a la vial, que resultarían ser más eficientes para la movilización de ciertos bienes; y 4) se crea una concentración excesiva de los recursos de inversión hacia una sola modalidad, derivada de la baja operación de las otras modalidades. En Colombia según fuentes oficiales hay 168 peajes siendo los más numerosos en Cundinamarca, Antioquia y Boyacá. En ellos se recaudan cifras multimillonarias.
Concesiones y peajes están ligados porque los peajes son un tasa que se cobra por la contraprestación de un servicio que presta el Estado directamente o a través de terceros, en este caso, el concesionario. Toda licitación debe estar precedida de un estudio de conveniencia y oportunidad y de sometimiento a los planes de inversión. Además debe hacerse un estudio financiero del costo de las obras y de la tasa interna de retorno para que se respete la ecuación contractual, que es la equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o contratar. Si dicha ecuación se rompe el Estado o el contratista pueden pedir el restablecimiento respectivo. Lo que ocurre en Colombia es que el contratista siempre pide ese equilibrio económico y el Estado rara veces lo hace por temor a los contratistas, por su amistad con ellos, o por no haber ejercido la vigilancia adecuada de las inversiones del contrato, es decir, por la deficiencia probatoria para una demanda o para el ejercicio de la facultades excepcionales de interpretar o modificar el contrato, incluso caducarlo.
Hay obras que desde hace años recuperaron a través de los peajes la tasa interna de retorno, pero a los contratistas les respetan el plazo con lo que se da un enriquecimiento sin causa en perjuicio del pueblo, que sigue pagando por una obra ya cancelada. Nuestras carreteras no son un ejemplo de calidad, ni de continuidad. Tenemos buenos tramos, pero la mayor parte de una vía entre su origen y destino tiene problemas de calidad o de señalización o de parcheo. Por eso uno de los objetivos de las protestas sociales han sido los peajes (algunos destruidos), porque el pueblo se siente robado por quienes se benefician del cobro de los peajes, que al final son los amigos del gobierno de turno en que se hizo la adjudicación del contrato. ¿Será que se le pone seriedad al tema de peajes y se contratan o nombran interventores honrados que hagan respetar los derechos de los usuarios de los mismos? ¿Por qué no publican los informes de interventoría de todos los contratos en concesión para hacerles seguimiento y que las veedurías ciudadanos tengan cifras precisas sobre el valor, las inversiones y los resultados? ¿Por qué no publican los ingresos, los gastos y las cifras de la tasa interna de retorno de cada contrato de concesión? ¿Será posible que dejen de fijar requisitos en los pliegos para restringir la participación de proponentes y, por el contrario, ampliar la posibilidad de más ofertas, a menos costos y a plazos más cortos?
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